El alcalde de Gustavo A. Madero (GAM), Francisco Chíguil, informó que se presentó una demanda penal contra quien resulte responsable, debido a que se descubrieron 25 mil tarjetas de ayuda a ciudadanos de muy escasos recursos que no se entregaron.
También se hallaron ocho millones de pesos en efectivo en la Dirección General de Administración, que corresponden a la gestión pasada, cuando aún fungía como delegación política.
Puntualizó que se detectó que de las tarjetas de apoyos de programas sociales se entregaron 145 mil de manera discrecional a personas que no estaban inscritas en algún padrón de beneficiarios, y que cada una de esas tarjetas contenía montos de mil pesos a cinco mil pesos.
Entrevistado después de comparecer este lunes ante las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, Chíguil Figueroa expuso la gran impunidad en la administración pasada permitió el mal uso de recursos públicos.
Informó que se ha despedido a más de 500 «aviadores» de esa alcaldía, que iban a cobrar pero no a trabajar, y a muchos que fueron basificados sin cumplir con la normatividad para sus contrataciones.
Detalló que de lo anterior ya tiene conocimiento la Contraloría de la Ciudad de México, y pidió a esa instancia y a los diputados del Congreso local que también investiguen el mal uso de recursos públicos a través del presupuesto participativo.
En este punto, indicó que más de 200 obras de infraestructura, algunas sí se realizaron pero de muy mala calidad, y otras no se concluyeron o no se llevaron a cabo, y que esas irregularidades se cometieron por administraciones pasadas.
En el tema de la entrega de tarjetas, el reparto se hizo en los meses de mayo y junio de 2018, lo que representa que se cometieron delitos electorales, entre otros muchos.
Es decir, no se respetó la veda electoral de entrega de apoyos de programas sociales que contempla la ley, pues cabe recordar que las elecciones federales y locales para elegir alcaldes y diputados fueron el 2 de julio del año pasado.
“Encontramos 170 mil tarjetas de apoyo a personas de escasos recursos de nuestra demarcación. 25 mil en las oficinas. No hay padrones de beneficiarios, sí hay depósitos, pero nunca se han entregado los estados de cuenta. Ahí existe una denuncia penal nuestra y le daremos seguimiento”, precisó el alcalde.
Informó que lo anterior asciende a más de cien millones de pesos, además de que muchas tarjetas que se encontraron no tienen fondos, y puntualizó que se hace la denuncia penal a fin de aclarar los programas sociales.
“Es como una ‘Estafa maestra’ pero en pequeño, con un alto monto de recursos”, dijo al explicar que estas tarjetas son de los recursos que se asignaron a los delegados preferidos de la administración pasada.
“Fueron 500 millones que se utilizaron en programas sociales, en la mayoría de los casos no existen padrones de beneficiarios, no tenemos registro alguno, se dio dinero de manera discrecional y eso tiene que investigarse”, enfatizó.
Dijo que el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cubrió la impunidad que se cometió en el mal uso de los recursos públicos.
Indicó que en el caso del Presupuesto Participativo que se ejerció en años pasados hay obras inconclusas o que no se realizaron, y las que se hicieron con muy mala calidad; bienes públicos en manos de coordinadores vecinales y apoyos que no se distribuyeron, como tinacos y calentadores solares.
Para detectar lo anterior, se hizo una muestra de 20 por ciento, que representa 14 millones de un aproximado de 150 millones de pesos que se destinaron al presupuesto participativo.
Por ello solicitó, con carácter de urgente, que la Contraloría y los diputados locales, a través del órgano técnico, que es la Auditoria Superior, realicen las auditorias correspondientes para fincar responsabilidades y sancionar a los funcionarios que utilizaron el presupuesto público en su favor.
El alcalde denunció que hay varios ejemplos de obras inconclusas, y ese es el caso del hospital de “La Pastora”, que se supone iba a ser un hospital general, y se anunció que habían concluido las obras, cuando en realidad está sin terminar.
En su construcción se invirtieron 208 millones de pesos y supuestamente empezaría a funcionar el año pasado, pero hasta la fecha no se ha concluido. Los laboratorios y consultorios médicos no cumplen con las dimensiones conforme a la normatividad”, detalló.
Indicó que la alcaldía destinará 21 millones de pesos para cumplir con algunas modificaciones, y con el Gobierno de la Ciudad de México se decidirá si será hospital general, “porque las adecuaciones cuestan muchos millones de pesos”.