Endurecer el Código Civil Federal y local para que las violaciones a los derechos humanos de la población alcancen certeza jurídica principalmente los de niñas, niños y adolescentes, es una tarea importante en esta administración, así como los casos de sustracción, ocultismo o retención de un menor tras un conflicto familiar.
En los últimos años, de acuerdo con el Inegi, miles de familias han padecido problemas en su matrimonio que derivó en el divorcio o la separación, situación que ha vulnerado principalmente a los menores, como es el caso de la Patria Potestad o la Guarda de los mismos. Esta custodia ha generado que los parientes del menor violen sus derechos humanos.
Por ello, Magdalena Núñez Monreal, Comisionada Política del Partido del Trabajo de la Ciudad de México, señaló que es necesario que los familiares de los menores sean conscientes de la falta o violación a sus derechos cuando estos sustraigan, oculten o retengan a los infantes tras el proceso de divorcio o Patria Potestad, pues quien rapte a niños y adolescentes, deberán pagar ante las autoridades.
“Es necesario que las leyes que se modifiquen, reformen o adhieran nuevas sentencias para al Código Civil Federal y local, tal y como se propuso en la iniciativa que pasaron a la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados, la cual señala que aquel familiar o tutor que sustraiga, oculte o retenga a los menores, se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa”, aseveró la petista.
Núñez Monreal, apuntó que, se debe penalizar también por estas acciones, aun cuando no exista una relación de parentesco, o de tutela y que la pena sea de cinco a 15 años y de 200 a mil días de multa, por violar los derechos humanos de los menores quienes, aunque no sufran un daño físico por parte de sus parientes o familiares, sufren severas lesiones psicológicas.
“El divorcio es un evento que genera diversas repercusiones en la vida de las hijas e hijos, quienes con frecuencia, resienten los efectos en conductas que atentan, de algún modo a su persona, a sus sentimientos y decisiones a futuro; alteran sus condiciones afectivas, sociales y culturales”, añadió.
La Comisionada del PTCDMX, señaló que en muchas ocasiones, los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, llegan a ser rehenes de los juicios de divorcio de sus padres, los cuales, en beneficio propio, los utilizan como arma contra el cónyuge para obtener la custodia, sin importar la salud, calidad de vida y bienestar del menor.
Por ello, dijo, el Partido del Trabajo apoyará las modificaciones necesarias al Código Civil Federal, así como Local, “para endurecer las sanciones a quien sustraiga, oculte o retenga a un menor y coadyuvar con la reintegración pronta de los niños a sus hogares”.
La iniciativa, señala reformas a los artículos 366 Quintus y 366 Sextus del Código Penal Federal para elevar la pena hasta 10 años y tipificar el delito de sustracción, ocultismo o retención de un menor de edad por cualquier persona, sea familiar o no del infante.
En el artículo 366 Sextus se pretende incorporar el tipo penal para aquellos parientes y progenitores que cometen dicha conducta; al progenitor se le inhabilitará para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de tres a diez años;
prevé un agravante para los padres que cometan este delito, puesto que el objetivo es restringir que este tipo de conductas tomen a los hijos para lastimar al otro cónyuge de manera psicoemocional.
Magdalena Núñez Monreal, comentó que la iniciativa no se debe quedar en la congeladora de la Comisión de Justica de la Cámara Alta, y se deben buscar opiniones de expertos sobre los derechos de los menores para robustecer esta propuesta.
