Con menos de dos semanas de diferencia, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad tomó decisiones que, contra los intereses de la empresa, encarecieron el combustible que se usa para la generación de energía, denunció Manuel Bartlett, actual director de la institución, en su Plan Anticorrupción compartido a Crónica.
Los responsables de aquellas acciones, según el mismo documento, fueron Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; César Emiliano Hernández Ochoa, exsubsecretario de Electricidad de la Sener; José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y Crédito Público; Miguel Messmacher, exsubsecretario de Ingresos de la SHCP; Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía; Rafael Pacchiano, exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Víctor Fuentes del Villar, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).
Además de Blanca Avelina Treviño de Vega, directora general de la empresa Softtek; Luis Fernando de la Calle Pardo, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera; Rubén Flores García, gerente de Operaciones de la compañía Xtrategas, y Enrique Zambrano Benítez, director general de Grupo Proeza, en su papel de consejeros independientes, aunque los últimos tres aún continúan en el cargo.
Según Bartlett, la compra de combustibles para generar electricidad se volvió eje de la corrupción en la CFE, por los montos millonarios destinados cada año a ese rubro, superiores al 80 por ciento del presupuesto total.
De los 206 mil 457 millones de pesos gastados durante 2017 en contrataciones, por ejemplo, 176 mil 527 millones, es decir, 85 por ciento, se destinaron a la adquisición de combustibles, muy por encima de otras áreas, como arrendamientos y servicios.
En ese marco, se orquestaron maniobras para incrementar el desfalco, por lo cual la actual administración plantea anularlas.
En la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración, celebrada el 9 de febrero de 2017, se firmó el acuerdo CAAOS-040/2017 mediante el cual se aprobó desaparecer a nivel interno la figura de la licitación pública y nombrar a las empresas filiales CFE Energía y CFE Internacional como únicas proveedoras de combustibles.
“El Comité aprobó que tratándose de los casos en los que la CFE y las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación I, II, III, IV, V y VI contraten la adquisición y suministro de combustibles con las empresas filiales denominadas CFE Energía S.A de C.V y CFE Internacional LLC, procede la excepción a la licitación pública”, se determinó en el Acuerdo, e incluso se habló se bondades para la industria: “Esto reflejará las mejores prácticas en la industria eléctrica y del mercado de combustibles”.
Sin embargo, según Bartlett, “esta política encareció la compra de combustible e hizo dependientes a todas las empresas de las políticas de CFE Energía y CFE Internacional”, cuyo director era entonces Guillermo Turrent.
Turrent fue el mismo funcionario involucrado en más de una veintena de “contratos leoninos” para construir gasoductos, muchos de los cuales están subutilizados o paralizados, y han llevado a la Comisión al borde de la quiebra, por pagos estratosféricos a largo plazo y multas.
En contra de ese brazo corruptor, Bartlett propuso ya al nuevo Consejo de Administración “dejar sin efecto el acuerdo, de tal forma que los combustibles sean adquiridos por la Dirección Corporativa de Administración, a través del Área Contratante del Corporativo, para dar cabal cumplimiento al artículo 134 constitucional (en torno a la administración de recursos federales con eficacia, transparencia y honradez).
En el nuevo esquema, CFE Energía y CFE Internacional deberán participar en los procesos de contrataciones como un concursante más, presentar ofertas y cumplir con los requisitos establecidos.
“Es necesario un cambio en la estrategia de adquisiciones de combustible en las que se obtengan mejores condiciones. Esta política debe partir de la investigación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado, para planear adecuadamente”, se refiere en el Plan.
El 23 de febrero de 2017, el Consejo de Administración denunciado también aprobó y expidió un Estatuto Orgánico –vía el acuerdo CA-003/2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril siguiente— en el cual deformó las funciones de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) para acaparar contratos.
En el artículo 50 se dispuso la creación de una Subdirección de Estructuración de Proyectos para emitir convocatorias y bases relacionadas con la adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura necesarias en CFE o en cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias, así como para dirigir los concursos y firmar contratos.
El área quedó a cargo de Jorge Alberto Aguilar, quien ahora se vende en las redes sociales como consejero para empresas vinculadas a la energía.
“Las adquisiciones en materia de obra se encuentran en una Dirección Corporativa diferente a la de Administración. Es necesario reformar el Estatuto y redactar las atribuciones de esta subdirección de forma diferente, de tal forma que tenga una participación como área requirente y técnica, pero que no conduzca directamente las contrataciones”, señala Bartlett.
Las modificaciones para dañar a CFE y permitir la corrupción se concretaron con la anuencia de Jaime Francisco Hernández, ex director general.
