DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
Con la finalidad de SOLICITAR a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo legislativo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la Legislatura anterior se respete y que, previo a la discusión y análisis de la iniciativa para reformar al Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados de las Salas Especializadas para el Combate a la Corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
ANTECEDENTES
PRIMERO. – El Poder Judicial de la Federación coloca en la cúspide de su organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal constitucional del país que tiene, entre sus responsabilidades, ser la última instancia para los peticionarios de justicia, defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ser balanza de equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno. Además, este Poder cuenta con un órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial que es el Consejo de la Judicatura.
SEGUNDO. – La última reforma de fondo al Poder Judicial data de diciembre del año de 1994, se transformó su funcionamiento, el proceso para la selección de ministros y en su composición hubo una dramática reducción, pasando de veintiséis a once ministros, que trabajan en Pleno o en Salas.
La duración prevista desde entonces para los ministros de la Suprema Corte de Justicia es de quince años, y su renovación es escalonada.
Bajo el esquema actual, en lo que va del sexenio se han nombrado dos ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa, asimismo, el retiro del ministro Fernando Franco González Salas está previsto para el año 2021.
TERCERO. – El pasado 4 de abril se publicó en la Gaceta de la Cámara de Senadores, una Iniciativa del líder del grupo parlamentario de MORENA, para crear una tercera Sala especializada en materia anticorrupción, que tendría por objeto conocer en forma exclusiva de temas relacionados con delitos o actos de corrupción cometidos tanto por servidores públicos como por particulares.
Esta reforma, además, busca desaparecer al Consejo de la Judicatura pues, a su dicho, se ha vuelto un ente “pesado, costoso y burocrático”.
De aprobarse, se requeriría aumentar los cinco integrantes de la nueva sala, y engrosar así el Pleno de la Corte para llegar a dieciséis integrantes.
La designación de los nuevos cinco ministros seguiría el procedimiento previsto, donde el Presidente debe enviar las cinco ternas correspondientes al Senado y éste, elegir entre ellas a quienes deban ocupar tales cargos, con el voto de las dos terceras partes de los presentes.
Para resumir el procedimiento, si el Senado rechazara la totalidad de los candidatos incluidos en la terna, el Presidente habría mandar una nueva terna y si se volviera a rechazar la terna, la designación del ministro correspondería al Presidente de la República de entre aquellos incluidos en sus propuestas.
CUARTO. – La oposición y un buen número de analistas, académicos y generadores de opinión, consideran esta propuesta como un pretexto ideal, basado en la alta expectativa popular sobre el combate a la corrupción, para romper con la fuerza que hasta ahora ha mostrado el Poder Judicial frente a embates claros a su autonomía por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
En palabras expresadas por personalidades públicas, al referirse a esta reforma: “… lo que se está buscando es tener una conformación mayoritaria de votos para poder configurar jurisprudencias, para poder configurar resoluciones de pleno…” (Miguel Ángel Mancera, Senador Partido de la Revolución Democrática), “…la agenda oculta es dominar al Poder Judicial, controlar absolutamente a la Suprema Corte, someterla ante el poder presidencial…” (Damián Zepeda, Senador Partido Acción Nacional),”…es una manera de hacerse de la mayoría efectiva en el tribunal…” (Raúl Mejía, Catedrático CIDE), “… la intención de juzgar la corrupción no puede justificar ni el dispendio ni el afán de controlar el máximo órgano de Justicia …” (José Carlos Ramírez Marín, Senador Partido Revolucionario Institucional).
CONSIDERANDO
PRIMERO. – Que así, sin movimientos al marco normativo del Tribunal Supremo, el Presidente López Obrador ha promovido dos y podría incluso nombrar 1 ministro más durante su mandato, dando un total tres de los once ministros.
Que con la reforma que busca el Coordinador de la bancada de Morena en el Senado, al pasar de once a dieciséis ministros, el Presidente podría estar gestionando el nombramiento de otros 5 ministros, de entre las ternas que tenga a bien mandar al Senado. Ello llevaría a un total de 8 ministros propuestos por el Ejecutivo.
SEGUNDO. – Que, en primera instancia y, justamente porque se tiene claridad de la importancia del combate a la corrupción, es necesario considerar que la pretensión planteada por un senador, parece demeritar el gran avance que para nuestro país ha significado la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual con todas las áreas de oportunidad que pueda tener, es, como su nombre lo dice, un sistema que articula a todas las unidades existentes y creadas con el propósito de prevenir y combatir la corrupción.
La intención de crear una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia para conocer de controversias y juicios de amparo relacionados con el cohecho no implicaría adelantarse en el futuro al extremo de generar un aparato burocrático que al momento no contaría con suficiente materia de conocimiento, o bien, implicaría omitir una instancia como la ya prevista en el Sistema Anticorrupción.
Poco se ha dicho, pero cuál será el destino de las Salas Especializadas en el combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que la reforma anticorrupción confió tan importante tarea, y que si a la fecha no se encuentran en funciones es por la inactividad de la Cámara de Senadores en el proceso de designación de sus magistrados.
TERCERO. – Que la situación acontecida recientemente con motivo de las designaciones en la Comisión Reguladora de Energía, no resulta para nada alentador el alto riesgo de que en las designaciones de la posible Tercera Sala de la Corte se repetiría la fórmula de imposición que se articuló entre el Titular del Ejecutivo y la bancada de su partido en el Senado.
Además, que el incremento en el costo de la Suprema Corte de Justicia al integrar cinco ministros y el personal necesario para la operación de una Sala Especializada, es absolutamente contrario al plan de austeridad y adelgazamiento de las estructuras en las dependencias de gobierno.
CUARTO. – En todo caso, lo que podría resultar necesario, dado que existen altos índices de asuntos aún sin resolver en materias como la laboral o administrativa, sería una reorganización funcional con el fin de hacer más eficiente el trabajo de los ministros en bien de los justiciables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
ÚNICO: SOLICITAR a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo legislativo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la Legislatura anterior se respete y que, previo a la discusión y análisis de la iniciativa para reformar al Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados de las Salas Especializadas para el Combate a la Corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE
Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
