El integrante de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández Morales, refrendó el acuerdo que propone un paro nacional de 24 horas el próximo 10 de abril y una marcha en la Ciudad de México.
En tanto que el 30 de abril se llevará a cabo otra movilización nacional, mientras que 1 y 2 de mayo el magisterio disidente prevé un paro de 48 horas.
Advirtió que de no tener respuestas a sus demandas contra la reforma educativa, continuarán las movilizaciones del 15 al 17 de mayo, hasta llegar al paro nacional indefinido cuya fecha estaría por definirse.
En entrevista con Notimex, explicó que se demanda un proyecto de educación integral que incluya desde educación hasta la alimentación y el sano desarrollo de los estudiantes.
Lamentó el que se diga que la CNTE sólo pretende obtener más plazas al otorgar el pase directo a los egresados de las escuelas normalistas a los planteles educativos, cuando hay un faltante significativo en escuelas del país.
La propuesta de la CNTE para mejorar la educación empieza por un presupuesto suficiente para terminar con el rezago educativo con más de cinco millones de personas analfabetas y con escuelas donde los maestros atienden tres o más grados.
También la gran carencia en mantenimiento y equipamiento, sin contar la reconstrucción de todas las escuelas que sufrieron daños por el sismo registrado en septiembre de 2017.
Reconoció que existe diálogo con el gobierno federal a través de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, así como con representantes del Poder Legislativo, pero según él no hay respuestas concretas.
Por ello, la CNTE considera que debe haber diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para afinar los puntos del decreto aprobado en Comisiones de la Cámara de Diputados, en los que difiere el movimiento magisterial.
Desde la CNTE se considera que dicho proyecto de dictamen recoge en esencia lo que fue la reforma del 2013, por ello la consigna de “abrogación sí, simulación no”.
Es inadmisible, puntualizó, que pretendan cambiar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con otro organismo que no sólo preserva las mismas facultades, sino que le dan más.
