Sin Estado de Derecho y sin el imperio de justicia, que son los casos del secuestro de la Cámara de Diputados y las estancias infantiles, México difícilmente podrá avanzar y sortear el complicado entorno internacional y nacional que día a día complica nuestra convivencia, dijo el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.
Calificó de “soberbia intolerante’’ a la mayoría que representa Morena y rechazó la imposición de «transformaciones absurdas»
“Ahora mismo el Partido Acción Nacional ha invocado el amparo de la justicia en busca de las garantías mínimas para poder trabajar frente a la indolencia de las autoridades federales, y locales que ha mantenido paralizado al Poder Legislativo durante dos semanas’’.
Informó que a finales de la semana que concluyó, se conoció la resolución de distintos jueces concediendo amparos definitivos en favor de los administradores de las estancias infantiles, así como de los padres de familia que las emplean.
En el caso de Chihuahua, los jueces primero y segundo de distrito en materia penal, otorgaron amparos definitivos en favor de los demandantes. Las resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal de programas para el desarrollo, a entregar el presupuesto correspondiente a enero y febrero con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019.
No sólo eso, sino que apercibe a los funcionarios de todos los niveles a que de no acatar los amparos se harían acreedores a sanciones corporales de hasta nueve años de prisión, así como multas e inhabilitación de laborar en el sector público hasta por nueve años también.
En paralelo, dijo Romero Hicks, al juez Séptimo de Distrito de Amparo de Querétaro, concedió la suspensión para no aplicar la reducción presupuestal de 2019 y la obligación de mantener las disposiciones de 2018. Este es el primero de nueve amparos presentados, argumentó.
La importancia de estos hechos es que más allá de las deficiencias que pudieran tener las reglas operativas del Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, se concedió el beneficio legal por dejar desamparados a los menores y velar por el bienestar como principales afectados.
Expresamente se señala que el Programa de Bienestar para Niños y Niñas de 2019 no garantiza las prestaciones para los ya beneficiados, lo que se opone al principio de progresividad e interés superior del menor.
Casos similares están en proceso en Yucatán, Michoacán, Guanajuato y Veracruz entre otras entidades.
Este gran paso, afirmó Romero Hicks, envía una señal muy positiva que puede beneficiar a los más de 329 mil niños que en todo el país han resultado afectados por el empecinamiento de la autoridad para eliminar el modelo tradicional de apoyos.
