Como un ejercicio de Parlamento Abierto para dar voz a los ciudadanos, empresarios y usuarios del transporte alternativo sin anclaje: bicicletas, monopatines y motonetas se realizó la mesa de trabajo Autorregulación y Contraprestación por el Uso del Espacio Público en Materia de Vehículos de Transporte Individual sin Anclaje, organizado por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México.
La diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la comisión, dijo que es obligado escuchar a todos los actores, ya que no hay el conocimiento suficiente de cómo funcionan estas empresas, por lo que es ilustrativo para entender que dichas compañías de movilidad cubren una función, misma que tiene costos de operación y riesgos, así como responsabilidades, pero que, finalmente, proveen de beneficios a la ciudadanía.
“Los problemas con la llegada de estos transportes fueron la no definición de la contraprestación, la falta de condiciones de seguridad hacia los usuarios, así como la inserción poco ordenada en la comunidad”, dijo la legisladora.
Reconoció el esfuerzo de los empresarios por ordenar su servicio y contar con una autorregulación que les da la oportunidad de trabajar ordenadamente, con responsabilidad social de la empresa, una buena imagen pública, además de garantizar óptimas condiciones de seguridad.
Federico Reque, director de la compañía de bicicletas eléctricas Dezba, lamentó la falta de ordenamiento en el espacio público, motivo por el cual la empresa debe ser autorrestrictiva sobre en dónde –los usuarios- pueden dejar las unidades.
“Hay una relación directa entre los vehículos rentados que circulan en la calle y las quejas ciudadanas, por lo que confirmamos que al reducir el número de unidades en tránsito se disminuyó en 80 por ciento la cantidad de quejas, lo cual nos obliga a autorregularnos teniendo un control cuantitativo, pero también cualitativo en el número de unidades en tránsito”, explicó.
En la reunión se analizó el tema de contraprestación que deben pagar, al gobierno, las empresas de movilidad para la explotación del espacio público. En este sentido, Ramón de la Torre, especialista en Derecho Tributario, dijo que se debe fijar una contribución de acuerdo con la naturaleza del servicio que se presta, el tipo de bien público que se explota, y los usuarios.
“Los consumidores están abiertos al bien público en general, además, es un servicio que tiene un impacto positiva y negativamente en el espacio público; por lo que el gobierno podría intervenir en la creación de infraestructura especial que implica una derrama de recursos que la autoridad debe ver cómo obtenerlos, y la carga administrativa que implica regular los permisos de cada una de las empresas”, explicó.
Luis Eduardo Avilés Pérez, también especialista en Derecho Tributario, coincidió en el sentido de que el servicio de estos vehículos sin anclaje se debe vincular a una aportación o impuesto que coopere con el gasto gubernamental.
“Este servicio debe asimilarse con otros que se prestan a través de aplicaciones móviles y que se han regulado poco a poco. Por ahora no hay precedente en el tema de monopatines y bicicletas, entonces, al haber un nuevo negocio, éste tiende a tener vacíos en las legislaciones, mismas que se deben corregir”, comentó.
En esta mesa, Miguel Abad, de la empresa Movo dedicada a la renta de motonetas y motopatines, propuso que las contraprestaciones deben ir directo a impulsar las nuevas modalidades de movilidad sustentable en la ciudad, debido a la carencia de transporte público y alta densidad poblacional.
