Retrasa el Congreso capitalino la Fiscalía General de Justicia

Urbana

*Tenía que ser Instalada en Diciembre de 2018

*Lo Señala el Presidente de COPARMEX-CDMX

*Los Capitalinos Podrían Quedar en el Desamparo

*Hay una Serie de Pendientes Derivados de la Constitución

Por Héctor Rivera Trujillo

Al incumplir con los plazos constitucionales para formalizar la entrada en vigor de la Ley que dará forma a la Fiscalía General de Justicia, el Congreso de la Ciudad de México podría dejar en el desamparo judicial a los capitalinos, al contribuir a que los índices de criminalidad se incrementen en lugar de bajarlos, como es la promesa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien deben dar los instrumentos legales necesarios para combatir el delito, afirma el presidente de COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno.

Explicó que, COPARMEX Ciudad de México exhorta al Congreso de la Ciudad para que deje de incumplir los plazos para generar diversos ordenamientos y disposiciones legales que mandató la nueva Constitución de la Capital y así evitar lo que legalmente podría considerarse como desacato.

Jesús Padilla Zenteno.Hasta el momento, dijo, los legisladores han desobedecido, entre otros, el mandato de generar el proceso para la construcción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que debió quedar antes del 5 de diciembre de 2018; asimismo, debió instalarse la Comisión Técnica, encargada del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, y el Consejo Judicial Ciudadano, encargado de proponer a la jefa de Gobierno la terna para la Fiscalía, antes del 31 de diciembre del año pasado.

Además, de acuerdo a los plazos establecidos por la Constitución capitalina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debería comenzar operaciones a más tardar el 31 de mayo de 2019 y el fiscal ser designado a más tardar el 30 de abril.

También, conforme a la Constitución capitalina, el Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las leyes o realizar las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos a más tardar el 30 de abril de 2019, pero hasta el momento tampoco existen visos de que esto se vaya a realizar en el plazo establecido.

Destacó que se encuentra retrasada la instalación de la Sala Constitucional por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyos integrantes debieron ser nombrados por el Congreso a más tardar el 31 de enero, e instalados en el cargo el 1º de febrero de este año. Dicha Sala Constitucional será una especie de Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México y deberá garantizar que los derechos se cumplan, al resolver controversias entre las instituciones.

También aclaró que, el actual Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a 10 meses del término de la legislatura.

Y otro de los pendientes graves del Congreso es la Ley de Educación de la Ciudad de México, que debió quedar integrada antes del 31 de diciembre del año pasado, así como diversos nombramientos e instituciones vinculadas al Sistema Local Anticorrupción.

Es por ello que la COPARMEX Ciudad de México, exige a la Primera Legislatura de este Congreso, revisar el instrumento constitucional vigente con amplitud de miras y con sensibilidad política y jurídica, para darle sentido correcto a la Carta Magna normativa de la Capital del País y con ello, aprovecharla para que sea un garante de certeza jurídica y un elemento a favor de la detonación de inversiones, de empresas y empleos, y de bienestar para todos, concluyó.

Lo que dice Padilla Zenteno, se observó durante el Primer Foro de Seguridad Ciudadana, realizado en el Congreso de la Ciudad de México donde la catedrática del CIDE, Ana Laura Magaloni, informó que, el desempeño de la PGJ CDMX se ubica entre los 25 peores de todo el país.

La investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Patricia Lucila González, afirmó que “el combate al crimen en la Ciudad de México ha fracasado, debido a las políticas públicas fallidas en materia de atención a víctimas, al déficit de funcionarios públicos, así como a la falta de eficiencia, organización y aprovechamiento de recursos financieros que administran las estructuras de seguridad y procuración de justicia”.

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