*“El Chapo” y los Buenos Deseos Cupulares
*¿Probables Sentencias a Cadena Perpetua?
*Reforma Penal de Trump Desahoga Penales
*¿Inyección Letal o la Muerte Poquito a Poco?
*La “Austeridad Republicana” y el MCLAP
Por Nidia Marín
Casi imposible. Sí, no se observan posibilidades de que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera sea repatriado de Estados Unidos, a pesar del señalamiento de los abogados de que el juicio estuvo viciado.
Es probable que lo sentencien a cadena perpetua y entonces estará en el corredor de la muerte… a largo plazo. O bien, cuando cumpla las seis cadenas que, dicen, le corresponden, podría regresar a México a ser juzgado por una decena de delitos. Se ve imposible.
Sin ir más lejos, sin llegar a la sentencia de cadena perpetua, en casos sonados no se ha sentado precedente alguno de un retorno veloz.
Aseguran quienes saben, que en el vecino país hay tres tipos de cadena perpetua, una que contempla la libertad condicional, aunque para ello se deben cumplir previamente entre 15 y 50 años de cárcel, lo cual decide una junta especializada. Esta posibilidad no le beneficiaría al capo mexicano porque si hoy tiene 61 años la más benéfica sería que saliera a los 76 y la peor a los 111 años.
El segundo tipo de cadena perpetua es el de terror: se muere tras las rejas.
Un tercer tipo es “la cadena perpetua virtual”, misma que también es hasta morir.
En Estados Unidos se ha ido cambiando la pena de muerte por la prisión permanente o cadena perpetua (que tiene saturadas las prisiones) hasta diciembre pasado en que el gobierno de Donald Trump llevó a cabo la gran reforma penal, aceptada por demócratas y republicanos, en la cual se reducen las cadenas perpetuas para aquellos reos que tengan tres condenas en 25 años.
Antes de que esta reforma sucediera, había varias moratorias contra las ejecuciones, en algunos estados del vecino país. California, por ejemplo. En noviembre de 2016 los votantes se pronunciaron sobre la pena de muerte y rechazaron una propuesta que pedía su abolición. Una proposición en sentido contrario, que solicitaba acelerar los procesos de apelación, fue aprobada por una ligera minoría, pero fue demandada y estaba en las cortes.
En aquel tiempo, de los 51 mexicanos sobre los que falló la Corte Internacional de Justicia a 12 se les conmutó la condena (casi siempre por cadena perpetua) por distintas razones: no eran adultos al momento de cometer el crimen, se les comprobó discapacidad mental o tuvieron la suerte de que la pena de muerte fuera abolida en el estado donde estaban detenidos.
Pero el caso de “El Chapo” es otro y hoy los abogados del delincuente mexicano revisan la posibilidad de apelar el fallo que daría el 25 de junio próximo el juez Brian Cogan.
Se considera que en Estados Unidos hay más de 26,000 mexicanos presos, de los cuales 54 están en el corredor de la muerte. Las acusaciones que pesaban sobre ellos van desde delitos contra la salud, secuestro y trata de personas, hasta robo y agresiones.
El Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital en Estados Unidos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encarga de buscar los recursos legales para evitar la pena de muerte (no la cadena perpetua).
El más reciente mexicano ejecutado fue Roberto Moreno Ramos (el 14 de noviembre de 2018) en una prisión de Walls, Texas. Le aplicaron la inyección letal. Fue acusado y sentenciado por el asesinato de su esposa y de sus hijos con un martillo.
Dice el “Reporte de las Magistraturas en el Mundo” en el caso de otro mexicano ejecutado:
“La defensa había argumentado que se violaron los derechos como extranjero de su cliente cuando este fue detenido sin ser notificado al consulado de su país. Por esta razón, lo privaron de recibir asistencia legal adecuada. Texas ejecutó a un mexicano pese a la oposición de México y organizaciones de derechos humanos. Por ello, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían pedido suspender la ejecución. A diferencia de otros años, el gobierno Federal no dijo nada. Y la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas votó 6-0 en contra de la suspensión.
“Es un ritual que se repite cada vez que un ciudadano mexicano, de los más de 70 que han llegado al corredor de la muerte en Estados Unidos, de los cuales hay 58 todavía que esperan su ejecución (en 2016), es llevado al cadalso (o a su equivalente moderno, que es la sala en la que se aplica la inyección letal).
México gasta en promedio 5 millones de dólares al año, pero los estudios señalan que cada caso podría superar los 2 millones de dólares.
Ante la política de “austeridad republicana” del actual gobierno y los recortes a los consulados se desconoce lo qué sucederá con dicho programa.
