Las responsables de estancias infantiles argumentaron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Programa de Estancias Infantiles viola los derechos humanos
La Auditoría Superior de la Federación, agregaron, al evaluar el desempeño de programa durante 2017 y 2018 detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9,565 estancias e hizo observaciones sólo al 1.8% del presupuesto de La Auditoría Superior de la Federación, agregaron, al evaluar el desempeño de programa durante 2017 y 2018 detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9,565 estancias e hizo observaciones sólo al 1.8% del presupuesto del mismo.
Las responsables de estancias infantiles y madres trabajadoras, representadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la eliminación del programa de Estancias Infantiles y solicitaron medidas cautelares urgentes.
Las responsables de estancias infantiles y madres trabajadoras argumentaron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Programa de Estancias Infantiles y sustituirlo por el Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, cuyas reglas de operación se dieron a conocer en la página de CONAMER, viola los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14 y 16 y atenta contra el interés superior de la niñez, en agravio de los 330 mil niños que eran atendidos en las estancias infantiles, las madres trabajadoras, así como las 9,565 responsables de las estancias beneficiarias del programa y sus asistentes.
Señalaron que este acto de autoridad no fue fundado y motivado, ya que ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Bienestar, realizaron una adecuación de los presuntos argumentos mediante los cuales pretenden motivar su decisión de eliminar el PEI.
La Auditoría Superior de la Federación, agregaron, al evaluar el desempeño de programa durante 2017 y 2018 detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9,565 estancias e hizo observaciones sólo al 1.8% del presupuesto del mismo.
Estas cifras, comentaron, distan de ser estadísticamente relevantes como para acreditar una deficiencia generalizada del programa y en la opinión del propio auditor superior no justifican la desaparición del mismo.
Al no ser proporcional la justificación para la eliminación del programa y al no tomar en cuenta las evaluaciones e impacto del mismo, estas medida carece de cualquier razón lógico jurídica que la haga valida en un estado constitucional de derecho y, por ende, deben ser declarada como violatoria de derechos humanos, comentaron.
Las trabajadoras solicitaron la intervención de la CNDH para que proceda a la investigación de los hechos y emita la recomendación a que haya lugar, a fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos y pedimos que se dicten medidas cautelares de manera urgente.
