Dirigentes del G-10 que integra a varias organizaciones de Radio Taxis y Bases de Sitio en la Ciudad de México, exigen a las autoridades responsables de la capital del país se dé marcha atrás al acuerdo del 15 de julio de 2015, mediante el cual se pretende dar legalidad a la operación de las aplicaciones extranjeras de transporte de pasajeros, “que nació de un acto de corrupción en el que se vio involucrada la anterior administración”.
En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Zócalo de la ciudad, tras una movilización que integró a taxistas de diferentes organizaciones y más de 20 estados de la República, denunciaron que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 258 y 260, reafirma la ilegalidad del mencionado acuerdo, porque los autos con los cuales están dando el servicio las ocho empresas extranjeras carecen de la concesión o permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad, para prestar el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en el Distrito Federal.
Motivo por el que, expresaron, “los dueños de los vehículos, directivos y trabajadores de las empresas que utilizan aplicaciones sin contar con la concesión correspondiente de esta ciudad”, deben hacerse acreedoras de las sanciones contempladas en la ley, como son pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de setecientos a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión correspondiente”.
Contrario al acuerdo del gobierno anterior que les permitió operar de forma tolerada, los prestadores del servicio con estas aplicaciones incumplen los mandatos de su operación irregular como eran no recibir pagos en efectivo; no permitir el subarrendamiento de vehículos concesionados; no hacer base o sitio en la vía pública y, entre otros, ser autos con un valor de factura estimado en 200 mil pesos o más, destacó Bruno González, vocero esta ocasión del colectivo de taxistas.
El incumplimiento del acuerdo que ahora los transportistas concesionados luchan por derogar ha provocado que más de 35 mil de los 140 mil concesionarios hayan dejado de prestar el servicio, porque la pérdida de casi el 50 por ciento de sus ingresos en los últimos 5 años les ha cerrado las puertas para para poder darle el mantenimiento necesario a las unidades, así como pagar las diversas imposiciones que debe cubrir todo concesionario.
“Ante todo esto, tenemos cinco años en la indefensión de nuestro trabajo, de nuestro patrimonio, de la adecuada manutención de las familias de cientos de miles de concesionarios en la ciudad, y sin obtener una respuesta positiva a nuestra demanda. La única respuesta que deseamos en este momento, y que es una necesidad para el país entero, es que las autoridades hagan cumplir la ley. Sólo eso”, expresaron.
La movilización realizada esta mañana aglutinó a integrantes del Movimiento Nacional Taxista y su presidente Bersaín Miranda Borrás dijo que los taxistas de la Ciudad de México no estarán solos y contarán con el respaldo fuerte y comprometido del Movimiento Nacional Taxista y su representación en al menos 26 estado de la República Mexicana para echar del país a las aplicaciones.
“Pedimos a nuestras autoridades, a la Jefa de Gobierno, un espacio para tomar los acuerdos que correspondan. Hay un planteamiento claro de nuestros compañeros transportistas que deben ser atendidos y respaldamos la petición de que se deje sin efecto el convenio suscrito, por los vicios que tiene”, dijo.
El dirigente del transporte en el estado de Chiapas añadió que la Ley se aplique para todos, no sólo para los transportistas concesionados, sino, sobre todo, a estas empresas extranjeras que sin invertir vienen a llevarse los dividendos que antes eran de los verdaderos trabajadores del volante.
En su oportunidad, Juan Carlos Rovira dijo que debe quedar claro que los taxistas se niegan expresamente a que los prestadores del servicio de transporte de pasajeros con las actuales aplicaciones sean regulados, sino que la ley dice que son entes que están violando la ley, se les debe aplicar y, en este caso, castigar.
