La Alianza Movilidad Inclusiva, iniciativa impulsada por Amnistía Internacional (AI), pidió al Gobierno de México suspender las deportaciones de migrantes centroamericanos mientras dure la pandemia de COVID-19.
“La Alianza solicita al gobierno mexicano, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que suspenda temporalmente, en lo que dura la pandemia de COVID-19, las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde sus vidas y su salud corren riesgo”, expresó en un comunicado.
Amnistía Internacional expresó su “preocupación por los graves riesgos a la salud y otros derechos” de los migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos “como resultado de la política migratoria de México de continuar las detenciones y deportaciones”.
La organización opinó que las autoridades migratorias de México violan “reiteradamente el principio de no devolución”, el cual “prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corre riesgo real de sufrir daños irreparables”.
“También siguieron deteniendo a miles de personas en condiciones inaceptables, a pesar de que la detención migratoria en tiempos de pandemia representa en sí mismo riesgos graves para la salud y la vida de las personas detenidas”, expresó.
Esta alianza constató casos de hacinamiento en cuartos sin ventilación con otras 50 personas, ausencia de saneamiento de estaciones migratorias y falta de atención médica.
Citó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el pasado agosto “reconoció la violación al derecho a la protección de la salud” de una persona migrante salvadoreña que murió por COVID-19 tras permanecer en la estación migratoria de Ciudad de México.
Además, denunció que las autoridades mexicanas “no realizan pruebas PCR antes de deportar” y consideró que los centroamericanos “son susceptibles de agravar aún más la situación de sus derechos a la vida y a la salud” al ser retornados a sus países.
Por ello, pidió “suspender temporalmente durante toda la pandemia las deportaciones”, adoptar medidas para que los migrantes detenidos sean informados sobre su derecho a solicitar asilo e “implementar medidas sanitarias” para quienes voluntariamente opten por su regreso.