Guillermo Álvarez Cuevas, el exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul y expresidente del equipo de futbol Cruz Azul, reapareció este jueves luego de casi dos años de silencio donde señaló que dará explicaciones de la situación en que se encuentra.
En su mensaje de apenas dos minutos, dijo que por diversas circunstancias no ha podido estar cerca, ni mucho menos dirigirse a sus compañeros de la organización para poder explicar su versión de los hechos y las circunstancias en las que se encuentra.
Refirió que toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización en sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente le duele y apena, sino verdaderamente se siente imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia que pudiera propiciar más el llegar a mejores acuerdos.
Asimismo, el exdirectivo mencionó que busca sobre todo tener ya una marcha normal operativa de la organización que durante tantos años ha sido pilar de la industria de la construcción. Además, comentó que en posteriores grabaciones, podrá estar informándoles oportunamente a los cooperativistas de cuáles son estas situaciones.
Presuntamente, Billy Álvarez perdió todos sus derechos y prerrogativas como socio de la cementera, además de todas sus empresas afiliadas.
Después de casi 30 años, Álvarez perdió el control de la empresa en julio del 2020, después de que un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra, al ser acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Y a raíz de ello es que dos grupos de cooperativistas se disputan el control de la planta ubicada en Tula de Allende, Hidalgo.
El primero es encabezado por Federico Sarabia, el cual es identificado como “la resistencia” y es el que está operando la cementera.
El segundo es liderado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes aseguran tener legalmente el derecho de estar al frente de la Cooperativa. Ellos y su grupo son identificados como “la disidencia”.
La lucha entre estos dos grupos ha ido escalando y el 27 de abril pasado ocurrió un enfrentamiento en el interior de la planta de Tula, en donde ocho personas murieron, 12 resultaron heridas y otras 10 fueron detenidas, quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control.
Y se les otorgó un plazo de seis meses a partir de que fueron detenidos (el mismo día 27 de abril en que ocurrieron los hechos) con la finalidad de que tanto el Ministerio Público como la defensa de los detenidos reúnan las pruebas necesarias que habrán de presentar en la audiencia intermedia, la cual se llevará a cabo después del semestre establecido.
