POR DANIEL LEE
Morir bajo custodia migratoria no debería convertirse en una estadística más de la política de deportaciones de Estados Unidos. Sin embargo, la muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, un mexicano de 56 años fallecido el 17 de octubre en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que exige respuestas: ¿quién protege la vida de una persona cuando queda bajo el control absoluto de las autoridades que pretenden expulsarla del país?
El caso es particularmente preocupante porque, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con este fallecimiento suman 18 mexicanos muertos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025. No se trata de una cifra más, ni de un asunto que pueda despacharse con una nota diplomática y un mensaje de condolencias. Cada muerte obliga a investigar qué ocurrió, qué atención recibió la persona y si existieron omisiones o responsabilidades que deban sancionarse.
Andrade Covarrubias vivía desde hacía décadas en Dallas, Texas, donde trabajaba como pintor y había construido su vida familiar. Sus tres hijos nacieron en Estados Unidos.
Según los testimonios recogidos por The Texas Tribune y El País, fue detenido en junio, cuando regresaba de un viaje a México, y permaneció bajo custodia de las autoridades migratorias hasta su muerte. Su hija denunció que su padre no recibió la atención médica que necesitaba. Estas acusaciones deben investigarse y contrastarse con los expedientes médicos, los registros de atención y los resultados de la autopsia. Precisamente por eso, la transparencia resulta indispensable.
El problema va mucho más allá de un solo caso. Human Rights Watch documentó 52 muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los primeros 500 días transcurridos desde el inicio del segundo mandato presidencial, hasta el 4 de junio de 2026. La organización advirtió que la tasa de mortalidad había aumentado considerablemente y señaló deficiencias en la información pública sobre las circunstancias de los fallecimientos y la atención médica proporcionada. El informe no demuestra que todas las muertes sean consecuencia de negligencia, pero sí identifica señales de alarma que las autoridades no pueden ignorar.
Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, también asume una responsabilidad directa sobre su integridad física y su vida. No basta con garantizar una celda, registrar el ingreso y mantener vigilancia. Debe proporcionar atención médica oportuna, responder ante cualquier emergencia y permitir que los detenidos denuncien enfermedades, maltratos o condiciones inadecuadas sin temor a represalias.
La detención migratoria no puede convertirse en un espacio donde la falta de información, la opacidad administrativa y las dificultades para acceder a asistencia legal dejen a las personas indefensas. Tampoco puede suponerse que alguien detenido carece de derechos porque enfrenta un procedimiento migratorio. La situación administrativa de una persona no cancela su dignidad ni disminuye la obligación de las autoridades de protegerla.
Aquí aparece otra responsabilidad que México debe asumir con firmeza. La Cancillería informó que el Consulado General de México en Laredo activó los protocolos de protección, contactó a la familia y solicitó una investigación pronta, exhaustiva y transparente. También anunció que enviaría una denuncia al fiscal del condado de Webb y que buscaría garantías para que los cónsules mexicanos tengan acceso a los centros de detención migratoria, particularmente para vigilar las condiciones de atención médica.
Son acciones necesarias, pero el verdadero desafío consiste en convertirlas en mecanismos permanentes de supervisión y rendición de cuentas. México necesita conocer oportunamente cada incidente grave que involucre a sus ciudadanos detenidos, tener acceso consular efectivo, facilitar representación legal a las familias y exigir información verificable sobre los fallecimientos. Las notas diplomáticas son importantes; los resultados judiciales, las investigaciones concluyentes y las medidas que impidan nuevas tragedias lo son todavía más.
La protección consular tampoco debe limitarse a intervenir cuando una familia recibe la noticia de una muerte. Debe actuar preventivamente, identificar patrones, dar seguimiento a las denuncias de falta de medicamentos o atención médica y exigir respuestas ante posibles irregularidades. Si las autoridades estadounidenses restringen el acceso de los representantes mexicanos, esa limitación debe convertirse en un asunto diplomático de primer orden.
Y hay una dimensión humana que no puede perderse entre comunicados oficiales y procedimientos legales. Detrás de cada fallecimiento hay una familia que necesita saber cómo murió su ser querido, si pidió ayuda, quién lo atendió y por qué no pudo regresar a casa. En el caso de Andrade Covarrubias, sus hijos no solamente enfrentan el duelo: también reclaman explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre.
La pregunta, por tanto, no es únicamente cuántos mexicanos han muerto bajo custodia migratoria. Es qué está haciendo cada gobierno para impedir que esa cifra siga creciendo y garantizar que cada caso sea investigado con rigor.
Estados Unidos tiene la obligación de esclarecer los hechos ocurridos bajo su custodia y, cuando corresponda, determinar responsabilidades. México, por su parte, debe demostrar que la defensa de sus ciudadanos en el exterior no se agota en declaraciones públicas, sino que se traduce en vigilancia, acompañamiento jurídico y resultados concretos.
Nadie debería entrar vivo a un centro de detención y salir de él convertido en un expediente sin respuestas. La aplicación de las leyes migratorias no puede justificar la indiferencia ante una vida humana. Si una persona pierde la libertad, el Estado no adquiere el derecho de poner en riesgo su existencia: adquiere la obligación de protegerla.
Una deportación puede separar a una familia y cambiar el destino de una vida. Pero una muerte bajo custodia plantea algo todavía más grave: la posibilidad de que alguien haya quedado fuera de la vista pública, sin la protección que necesitaba y sin la oportunidad de volver a abrazar a los suyos.
Y ante eso, el silencio no puede ser la última palabra.
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