Exiliados, Expatriados y Desplazados

POR EZEQUIEL GAYTÁN

*Abandonar Todo Para Sobrevivir, el Calvario

de 1.5 millones de Mexicanos

*No Existen Mecanismos de Protección Para

el que Huye de la Violencia

*Desaparecer y Volver a Nacer con Nuevos

Documentos e Identidades

Un exiliado es aquella persona que se ve forzada a dejar su país de origen por motivos de violencia o por ser objeto de persecución política gubernamental bajo el riesgo de perder la vida o la libertad. Deja atrás a seres queridos, su patrimonio como el techo que lo protegía, algunos libros, otros bienes y algunos sueños, pues abandona su tierra sin saber si algún día volverá. Un expatriado, por su parte, decide voluntariamente abandonar su patria en búsqueda de mejores oportunidades de calidad de vida. Lo hace generalmente por razones laborales o personales. Más aun, el expatriado sabe que potencialmente puede volver a su país el día que quiera.

De hecho, los expatriados son los millones de mexicanos que se han marchado sin documentos a los Estados Unidos en búsqueda de las oportunidades laborales que aquí no han encontrado. Finalmente, la categoría de desplazado se divide en dos acepciones. La primera se refiere gente que, por motivos naturales, como un sismo o un huracán o el cambio climático se ve obligada a mudar de residencia. Son personas que migran sin dejar el país y buscan un lugar donde trabajar y vivir. La segunda acepción alude a personas que huyen por motivos de amenazas de grupos delictivos y, en algunos casos, coludidos con autoridades gubernamentales. Es gente desplazada que vivió intimidada y bajo amenazas de muerte, de violencia física y verbal hacia sus familias, de extorciones y violaciones a las mujeres. Los desplazados abandonan su casa amueblada, su ropa y sus enseres, pues es gente permanentemente vigilada y orillada a pagar eso que se conoce como “derecho de piso”, a realizar trabajo involuntario no remunerado y sujeta a nuevas formas de esclavitud.

Los desplazados por violencia y amenazas lo hacen con miedo, cambian su nombre y apellidos, se ven obligados a mentir y decir que les robaron sus documentos de identidad. No tienen la credencial del INE, ni certificados académicos, ni fe de bautizo, ni actas de nacimiento o matrimonio. Nada que los vincule con los criminales y las autoridades corruptas. Viven en la intemporalidad, pues ya no tienen pasado, ni derecho a regresar a los cementerios en los cuales enterraron a sus muertos. Son gente en fuga permanente, pues ya no son de algún lugar. Léase, ya no tienen pertenencia o si se prefiere son fantasmas de Comala, sin derechos, sin suspiros y sin lágrimas visibles. Son la metáfora de muertos en vida, pues viven el vacío existencial y la perdida de volver a ver a su familia ampliada, pues saben que la amenaza de muerte pende sobre sus cabezas y el Estado no los defiende.

Recientemente el INEGI publicó los datos de la Encuesta Intercensal 2025 y, de entre sus sorprendentes resultados, despliega realidades comprobables y verificables. Una de ellas es que en México poco menos de un millón y medio de mexicanos se desplazaron por razones de inseguridad y violencia y que al menos 151 mil compatriotas lo hicieron por motivos de desastres naturales. El Instituto puntualizó que las entidades que tuvieron las cifras más altas son Zacatecas, Morelos, Colima y Michoacán. Lo cual no sorprende, pues esos estados de la Republica son mencionados sistemáticamente en las páginas rojas de los diarios de circulación nacional, así como en los noticieros de radio y televisión. Léase, en esas entidades ya no existe el Estado de Derecho son territorios a los que se les tipifica como Estados Fallidos.

Afortunadamente en México existen programas de apoyo al Desplazamiento Forzado Interno (DFI). Son acciones altruistas que se realizan, en algunos casos con las organizaciones de la sociedad civil, a veces colaboran autoridades estatales y municipales y en otras con la colaboración de algunas dependencias federales y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues en México no existe una ley general, ni una dependencia o entidad federal que se especialice en atender el problema. Es verdad que algunas entidades como Chihuahua, Oaxaca o Michoacán han expedido legislación local y eso es plausible, pero insuficiente. La realidad es que la población desplazada es otro macrocosmos olvidado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Supongo que no se les apoya, pues no tienen credencial del INE y al no ser votantes potenciales, no son de interés de la actual gestión.

Es vergonzante que la respuesta de la presidenta Sheinbaum al diagnóstico expuesto por el INEGI haya sido el de cuestionar la metodología utilizada por ese órgano constitucional autónomo y no se comprometió a retomar a la menor brevedad posible una iniciativa de ley que atienda el problema en todas sus vertientes, pues se trata de un despliegue de acciones institucionales que bajo el manto de un programa holístico evite que cerca de un millón y medio de mexicanos deambulen errantes y temerosos  por el territorio nacional. En 2020 la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente al Desplazamiento Forzado Interno, pero la congelaron en el Senado y ahí sigue olvidada debido a intereses mezquinos y miserables del partido oficial.

La cifra de mexicanos exiliados se desconoce. La de los expatriados solamente en los Estado Unidos es de aproximadamente once millones y la de desplazados es de un millón y medio. No son cifras sumables, ni exactas. Pero el lector puede darse cuenta de la gravedad del diagnóstico. El ideal es que fuese cero en cada uno de los rubros aludidos, pues significaría que no tendríamos que huir, evadirnos o fugarnos para vivir mejor. Sin embargo, la realidad se impone.

La población desplazada sufre y vive a salto de mata. Al parecer mucha de esa población es indígena y campesina, también hay comerciantes, profesionistas y periodistas que se han visto obligados a cambiar de profesión, de identidad y la de sus familias. Hace poco supe de un médico al que los criminales le exigían pagar derecho de piso. Ante esa ignominia un día escapó con su familia y dejó su casa con muebles y su cédula profesional. Huyó una mañana como si llevara a los hijos a la escuela y su esposa al mercado. Sabían que eran vigilados permanentemente y que los delincuentes tenían toda la información necesaria de esa familia. Ese hombre tuvo también que renunciar a su vocación de servicio y su familia a un entorno de armonía.

Cabe hacer notar que los desplazados son quienes se atrevieron finalmente a dejar atrás involuntariamente su patrimonio. Se vieron forzados a hacerlo o el resto de sus vidas sería un infierno. Lo que nos lleva a la pregunta ¿Cuánta familias mexicanas son víctimas del derecho de piso o de otro tipo de extorsión en el país? no, no es una pregunta retórica. De hecho, es vital saberlo a fin de concebir el problema y sus dimensiones.

La responsabilidad de solucionar el problema es gubernamental, sobre todo porque de no atenderlo próximamente empezará a florecer otro delito: el de las identidades falsas a fin de que los inocentes puedan salvarse. Ojalá la presidenta asuma su compromiso, emita la ley correspondiente en la materia y modifique la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de que una secretaría de Estado asuma cabalmente la función de prevenir y, en su caso, cuidar en calidad de testigos protegidos a los desplazados. Es importante que lo haga, sobre todo porque ya hay antecedentes de la existencia de dicha ley, pero mucho me temo que los asesores presidenciales quieren que siga congelada, ya que de insistir en su aprobación y consecuente publicación sería reconocer que Morena es en gran medida responsable de la gran cantidad de desplazados. En otras palabras, sospecho que Claudia Sheinbaum y su cuerpo de asesores gobiernan como el avestruz.

El asunto es que la ONU ya trabaja en el asunto y presentará su informe y ya sabemos acerca de las formas de reaccionar de Claudia Sheinbaum; lo negará, lo descalificará, lo tachará de tendencioso y dirá que es una injerencia extranjera a nuestra sagrada e inmaculada soberanía nacional. No obstante, el número de desplazados crece porque su gobierno desdeña el problema o le faltan agallas para combatirlo.

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