POR: ÁNGEL LARA PLATAS
Hace más de treinta años México decidió que organizar elecciones no podía seguir siendo tarea del gobierno. Creamos un árbitro. Primero el IFE en 1990, luego el INE a partir de la reforma constitucional de 2014. Su definición legal no ha cambiado: es el organismo público, autónomo, independiente y especializado, responsable de organizar y fiscalizar las elecciones federales y los referendos nacionales.
Sus fines constitucionales son claros y nobles: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos; Integrar el Registro Federal de Electores; Asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales; Garantizar elecciones periódicas y pacíficas; Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; Llevar a cabo la promoción del voto y la educación cívica.
¿Está cumpliendo con las funciones para las que fue creado?
Sí, en lo esencial. El INE sigue haciendo lo que nadie más puede hacer: el padrón de 100 millones de electores, la geografía electoral, la instalación de casillas, la capacitación de millones de ciudadanos como funcionarios, el cómputo y la certeza de la noche electoral.
Pero cumplir no es lo mismo que cumplir bien y solo con eso. El Instituto creció de ser árbitro electoral a ser administrador de casi toda la vida política del país.
El propio INE reconoce que mantiene una nómina de alrededor de 20 mil trabajadores y que su presupuesto anual representa entre 0.2 y 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para 2024 su proyecto pasó de 37 mil 770 a 32 mil 767 millones tras el recorte de la Cámara de Diputados. Para 2025 pidió un incremento de 35% respecto a 2024. Los argumentos de austeridad chocan con una estructura que sigue reportando mil 135 millones en estímulos y gratificaciones especiales.
No es solo dinero. Es estructura. Juntas locales, juntas distritales, direcciones ejecutivas, unidades técnicas, comisiones temporales que se vuelven permanentes, 143 Centros de Verificación y Monitoreo en todo el país. El INE pasó de ser una institución ciudadana con vocación de temporalidad electoral, a una burocracia permanente de alta especialización que funciona todo el año, aunque las elecciones sean cada tres.
La burocratización tiene un costo democrático: cuando la institución se defiende a sí misma más que al voto, pierde legitimidad.
Desde 2007 el INE es la autoridad única en la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión. Eso se traduce en un aparato monumental: graba 2,352 señales de radio y televisión en todo el país para verificar spots y monitorear cobertura.
Cuando no hay elecciones, administra el 12% del tiempo del Estado, 7.4 minutos en radio privada, 5.4 en televisión privada. En elección, llega a pautar 52 millones de spots en un proceso.
La función es legal. Está en el artículo 41 constitucional. Pero ¿es propia de un organizador de elecciones convertirse en el gran censor y contador de spots? El modelo nos llevó a un absurdo: el INE no organiza solo elecciones, administra la conversación pública. Se volvió un verificador de minutos, un policía de la pauta, con una capacidad de monitoreo que, como dice su propio director tecnológico, «no hay nadie en el país ni en el mundo que lo tenga».
¿Eso fortalece la democracia o la encarece y la judicializa? Cada spot no transmitido genera un requerimiento, una reprogramación voluntaria, una queja, una sanción. Convertimos la equidad en burocracia de segundos.
El INE nació para despartidizar las elecciones. Hoy, paradójicamente, es visto por cada parte como parcial hacia la contraria. Y ahí hay responsabilidad compartida.
El diseño actual es explosivo: en su seno conviven consejeros, funcionarios y representantes de los partidos políticos. Los partidos son juez y parte en los órganos de decisión. Eso genera una politización interna inevitable.
En los últimos cinco años el Instituto ha tomado decisiones que alimentaron la percepción de parcialidad en ambos lados: desde la fiscalización excesiva de candidaturas hasta la narrativa pública de algunos consejeros que salieron del rol de árbitro técnico para asumir un rol de defensor del régimen. La autonomía no es activismo. Cuando el árbitro declara que está en peligro, deja de arbitrar y empieza a jugar.
No hay pruebas de fraude operativo organizado desde el INE. Pero sí hay una parcialización discursiva y selectiva que le ha hecho daño. El INE más útil fue el silencioso, el que contaba votos y no encabezados.
El INE sí cumple, pero cumple demasiado. Hace todo lo que le mandatan, y por hacer todo, lo hace caro, lento y vulnerable a la crítica.
Mi propuesta para Misión Política es simple:
Redefinir funciones. Que el INE organice elecciones, integre el padrón y fiscalice dinero. El monitoreo de medios debe volver a ser una función muestral y cualitativa, no un conteo policiaco de 2,352 señales 24/7.
Desburocratizar. Avanzar hacia la urna electrónica, la digitalización de procesos y una estructura distrital temporal. No necesitamos 20 mil plazas permanentes para instalar casillas tres años.
Despartidizar de verdad. Sacar a los partidos de los órganos ejecutivos y dejarlos solo en el Consejo General con voz, pero sin capacidad de litigio interno permanente.
El INE fue creado para que los mexicanos creyéramos en las elecciones. Hoy creemos en las elecciones, pero dudamos del INE. Esa es la paradoja que debe resolver la próxima reforma. No destruyendo al árbitro, sino obligándolo a volver a la cancha y salir del estudio de televisión.
