HOLA PAISANO
Por Daniel Lee
El incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez no fue una desgracia inevitable. Fue una tragedia ocurrida bajo custodia del Estado mexicano. Cuarenta personas migrantes murieron y otras resultaron heridas mientras permanecían encerradas en instalaciones oficiales. Más de tres años después, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿quién va a responder realmente por esas muertes?
La denuncia del sobreviviente Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez, quien acusa a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de presionar para cerrar el caso contra Francisco Garduño, obliga a mirar de frente un problema todavía más grave que la propia lentitud judicial: la posibilidad de que las instituciones encargadas de proteger a las víctimas terminen actuando en sentido contrario.
Si una víctima tiene que denunciar que la institución creada para acompañarla está favoreciendo al funcionario señalado por su responsabilidad, algo está profundamente roto.
La tragedia ocurrió el 27 de marzo de 2023. Los migrantes estaban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. No tenían libertad para marcharse, ni podían simplemente abrir una puerta y ponerse a salvo. Estaban en manos de una autoridad que tenía la obligación legal y moral de proteger su vida.
Y precisamente ahí está el punto que no puede diluirse entre trámites, indemnizaciones, disculpas públicas y expedientes: cuando el Estado encierra a una persona, adquiere una responsabilidad todavía mayor sobre su seguridad.
El testimonio de Pérez Rodríguez vuelve a colocar en el centro una pregunta devastadora: ¿cuántas vidas pudieron haberse salvado si los migrantes hubieran podido salir?
No es una pregunta retórica. Es la pregunta que debería perseguir a las autoridades hasta que exista una respuesta judicial convincente.
El sobreviviente ha cuestionado las condiciones dentro de la estación, la falta de agua para enfrentar el fuego y, sobre todo, el hecho de que quienes estaban encerrados no pudieran escapar. También rechazó que la disculpa pública de Garduño pueda considerarse suficiente.
Y tiene razón en algo fundamental: una disculpa no sustituye a la justicia.
La reparación económica tampoco.
Una indemnización puede reconocer parcialmente un daño material, pero no devuelve a un padre, a un hijo, a un hermano o a un esposo. No borra las secuelas físicas y psicológicas de quienes sobrevivieron. No responde quién tomó las decisiones que permitieron que decenas de personas quedaran atrapadas. Y, mucho menos, garantiza por sí misma que algo semejante jamás vuelva a ocurrir.
El propio gobierno informó desde 2024 que había avanzado en indemnizaciones a familias de personas fallecidas y lesionadas, y que la CEAV había intervenido en la determinación de reparaciones. Pero reparar el daño no significa cerrar el caso.
Esa diferencia parece elemental, pero en Ciudad Juárez adquiere una dimensión enorme.
Porque las organizaciones que acompañan a las víctimas han advertido que, tres años después, todavía existen procesos penales sin sentencia firme, deficiencias en la reparación integral y pendientes en materia de reconocimiento de víctimas y garantías de no repetición.
Por eso resulta especialmente preocupante que ahora aparezcan denuncias de presiones para concluir el proceso.
La justicia no puede convertirse en una carrera burocrática para marcar una casilla como «asunto terminado». Las víctimas no son expedientes. Los muertos no son estadísticas. Y la reparación no es una cifra depositada en una cuenta bancaria.
El caso Garduño tampoco puede reducirse a determinar si un exfuncionario cumplió formalmente determinadas condiciones. Lo que está en juego es si el Estado mexicano está dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias la cadena de decisiones, omisiones y responsabilidades que permitió que 40 personas murieran encerradas.
Y el contexto actual resulta todavía más preocupante. Este 1 de septiembre, Garduño no acudió a la audiencia en la que debía revisarse el cumplimiento de las medidas relacionadas con el proceso. La audiencia fue diferida y, según organizaciones acompañantes, no se fijó una nueva fecha ni se impuso sanción por su ausencia. ¿Dónde queda entonces el mensaje de que nadie está por encima de la ley?
Porque si una persona sobreviviente debe insistir una y otra vez para que el caso no sea cerrado; si las organizaciones tienen que denunciar deficiencias; si una audiencia puede posponerse sin consecuencias visibles; y si después de tres años todavía no existe una respuesta judicial definitiva, el mensaje que reciben las víctimas es demoledor: la justicia puede esperar; ellas no.
Pero el tiempo no cura la impunidad.
Al contrario: la profundiza.
Cada mes que pasa sin una resolución sólida aumenta la sensación de que en México la responsabilidad institucional tiene distintos niveles dependiendo de quién se encuentre en el banquillo. Los funcionarios de menor rango pueden enfrentar procesos, mientras las responsabilidades políticas y administrativas de los niveles superiores se diluyen entre procedimientos interminables.
Eso no es justicia.
La muerte de 40 migrantes bajo custodia del Estado mexicano exige una investigación rigurosa, independiente y transparente. Exige determinar responsabilidades individuales y estructurales. Exige reparación integral. Exige atención médica y psicológica para los sobrevivientes. Exige reconocer plenamente a todas las víctimas. Y exige garantías reales de no repetición.
De hecho, en junio pasado un juez federal ordenó frenar el cierre de una recomendación de la CNDH relacionada con la tragedia, permitiendo que familiares y sobrevivientes mantuvieran mecanismos de atención y continuaran exigiendo justicia.
Eso demuestra que el caso está lejos de ser un asunto concluido.
Y debería permanecer así hasta que haya verdad y justicia.
El Estado mexicano no puede pretender que el paso del tiempo convierta una tragedia en un trámite administrativo. Tampoco puede esperar que las víctimas se cansen, que las familias regresen a sus países o que la opinión pública pierda interés.
Porque el incendio de Ciudad Juárez no fue solamente una tragedia migratoria.
Fue una tragedia de Estado.
Cuarenta personas murieron detrás de una puerta que no pudieron abrir. Esa imagen debería bastar para impedir cualquier intento de cerrar apresuradamente el expediente.
Si hubo negligencia, debe haber consecuencias.
Si hubo omisiones, deben investigarse.
Si hubo responsables, deben responder.
Y si las instituciones encargadas de proteger a las víctimas ejercieron presiones para cerrar el caso, como denuncia un sobreviviente, esas acusaciones también deben investigarse con absoluta transparencia.
Porque la verdadera prueba para un Estado no está en cómo trata a quienes tienen poder.
Está en cómo responde cuando quienes murieron no tenían poder alguno.
Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542
