Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Desde tiempo atrás, el tema de las desapariciones forzadas en México ha sido abordado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) y conforme a sus investigaciones y pruebas recabados en territorio nacional por visitadores del mismo, solicitó secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
México negó a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores que en el país se cometa el delito de lesa humanidad.
Expuso argumentos que, por la decisión de exigir que sean los Estados los encargados de buscar a los desaparecidos y no dejar la responsabilidad a familiares, fueron insuficientes para borrar lo que está en documentos: durante el sexenio de Andrés Manuel López, según datos comprobados y certificados, se registraron 52 mil 200 desapariciones.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza actualmente 132 mil 836 casos, una cifra que muestra el crecimiento de una crisis extendida por buena parte del país. De confirmarse el número, significaría que, en solamente dos años de mandato, el número de desaparecidos creció en 80 mil.
Aunque se crucen las cifras entre los registros existentes en cuando menos cinco dependencias federales, no se logra unanimidad en las personas desaparecidas.
Sí confirman que en el gobierno de la presidenta Sheinbaum se redujeron notablemente los homicidios dolosos y en cambio se incrementaron las desapariciones de manera alarmante.
Estudios en la materia comparan las cifras entre homicidios dolosos y desapariciones -forzadas o no- que justifican la reducción en un delito y se incrementan en otro, porque de esa manera se explica la baja de la elevada y tasa de ejecuciones al subir la desaparición, en donde se aplica el paradigma: no hay cuerpo, no hay muerto.
Con la decisión de la Secretaría General de la ONU, aún a cargo de Antonio Guterrez, de responsabilizar a los Estados de la búsqueda de personas desaparecidas, sin mencionar a México, es la repuesta al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de solicitar la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La negativa del gobierno mexicano de entregar información que correspondiera a la realidad corroborada por los enviados del Comité, orilló a tomar la medida en virtud de los datos confirmados de 40 organizaciones de búsqueda de México.
Extrañamente, quizá por haber sido fin de semana y como se sabe lo primero que hace la burocracia de alto rango y subsecuentes, es cumplir con el mandamiento: no trabajarás.
Y, por tanto, probablemente será hasta hoy cuando se conozca la “ratificación de la postura de México” sobre la inexistencia de desapariciones forzadas, como lo señala el Comité correspondiente.
¿Hay cara que poner a la decisión de la Asamblea General de la ONU?
Supongo que sí y es una: LA ONU ES UN ORGANISMNO ANQUILOSADO Y DEBE CAMBIAR.
Y, para empezar, el gobierno de la cuatroté dejó de pagar puntualmente la cuota que le corresponde. La última vez que el país pagó puntualmente fue en diciembre de 2021, cuando cubrió 37.3 millones de dólares correspondientes a su contribución.
Desde entonces, a la mitad del pasado gobierno, los pagos han sido en “abonos chiquitos” por lo cual México adeuda 38 millones de dólares al organismo.
¿Se pondrá al corriente el gobierno de Sheinbaum para bajar la calentura de las desapariciones forzadas?
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