Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
De pronto el silencio presidencial sobre su inexistente “ley censura”, despierta sospechas en lugar de certidumbre.
Conforma han pasado los días y se ha deshojado el árbol de la “verdad absoluta”, se evidencia que el gobierno se apropiará de derechos que no le competen y que pertenecen a los ciudadanos. Hay un tufo de autocracia que se percibe a kilómetros de distancia y no solamente en el Paso de Cortés.
De acuerdo con los especialistas de años atrás y actuales, cuando un gobierno busca colocar las trabas para que el ciudadano, no como derecho de audiencia sino para estar informado, no escucha los yerros y desvíos que ha cometido a lo largo de 8 años.
Resulta que hurgar en los documentos oficiales y observar las fallas que se han cometido entre ellas el desvío de recursos para las llamadas “obras faraónicas” de quien dijo que con ellas el país se transformaría y terminaron mostrando la incapacidad técnica, la calidad de construcción, la adquisición de equipamiento adecuados y el daño incalculable en el medio ambiente.
Desde el pasado gobierno se publicó un decreto para que las obras del gobierno federal, incluyendo bardas de escuelas -tema corregido por una Suprema Corte de Justicia de la Nación- son de “seguridad nacional” y por tanto las informaciones quedan reservadas por los años que le venga en gana a los gobernantes.
La Ley de Seguridad Nacional no prevé que una refinería, un tren turístico o un aeropuerto militar convertido en civil, sean consideradas de seguridad nacional.
Quienes conocen del tema a profundidad, han declarado y publicado sin sorpresa alguna que se repite la historia del segundo piso del Distrito Federal, cuyo desarrollo se ordenó esconder por largos doce años y más, porque se abrieron, supuestamente los archivos documentales, hasta que Claudia Sheinbaum se convirtió en jefa de gobierno de la ya Ciudad de México.
La documentación nunca estuvo completa como asegurar quienes dedicaron su tiempo a leerla con cuidado.
Con lo que la Auditoria Superior de la Federación ha observado en las cuentas públicas de los últimos 7 años, hay material para mostrar que la honestidad valiente murió y que fue sepultada en Palenque, aunque aquí, en Palacio Nacional se recuerde con bombo y platillo porque “nunca ha muero, nunca morirá… somo el gobierno del pueblo y para el pueblo”.
Hace unos días publique en este mismo espacio la pregunta que no obtuvo respuesta:
¿Señora presidenta, quién le otorgó el don de la verdad absoluta?
Por supuesto, dirigida también a Luisa María Alcalde, quien como consejera jurídica del gobierno federal tiene otras responsabilidades a las que asumió como “examinadora de la verdad periodística”.
En las próximas dos semanas saldrán los corifeos del gobierno federal a “exponer las razones por las cuales los periodistas se tienen que apegar a los lineamientos” para que, iniciando el periodo ordinario de sesiones, se procese la iniciativa en comisiones y se apruebe por los morenistas y ¿aliados? para que la presidenta obtenga una pírrica victoria, que al final es victoria.
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