Por Daniel Lee
Cada proceso electoral comienza con la misma discusión: qué partido llegará al poder, quién encabeza las encuestas o qué alianza resulta más competitiva. Pero casi nunca se plantea la pregunta verdaderamente importante: ¿quién gobernará con la independencia suficiente para poner a los ciudadanos por encima de los intereses políticos?
Ese es el debate que Baja California necesita abrir.
La entidad enfrenta una realidad muy distinta. Es una de las economías más dinámicas de México, concentra una poderosa planta manufacturera, mantiene una relación comercial privilegiada con Estados Unidos y representa una de las principales puertas de entrada al mercado más grande del mundo. Sin embargo, ese éxito económico no ha logrado traducirse en un desarrollo equilibrado para millones de bajacalifornianos.
El crecimiento llegó más rápido que la planeación.
Las ciudades crecieron sin orden. La vivienda se encareció. La movilidad colapsó en amplias zonas metropolitanas. El acceso al agua se convirtió en una preocupación permanente. La infraestructura quedó rezagada frente a la expansión industrial. La inseguridad continúa siendo uno de los principales reclamos ciudadanos y la desigualdad sigue marcando el contraste entre una economía pujante y comunidades con profundas carencias.
No es un problema de recursos.
Es un problema de visión.
Durante años, los gobiernos han administrado la coyuntura, pero no han construido una estrategia de largo plazo. Mientras los partidos concentran buena parte de su energía en conservar espacios de poder, los problemas estructurales siguen acumulándose.
Por eso cobra sentido la posibilidad de una candidatura verdaderamente ciudadana.
No porque los partidos sean prescindibles en una democracia, sino porque la ciudadanía necesita demostrar que también puede construir gobiernos independientes, capaces de tomar decisiones sin estar condicionados por cuotas internas, grupos económicos o compromisos electorales.
Una candidatura ciudadana tendría que ofrecer exactamente lo que hoy escasea en la política mexicana: independencia para planear el desarrollo con criterios técnicos y no electorales; independencia para combatir la corrupción sin distinguir colores partidistas; independencia para integrar a los mejores perfiles en el gobierno y, sobre todo, independencia para pensar en las próximas generaciones y no únicamente en la siguiente elección.
Baja California necesita una agenda integral que deje de fragmentar los problemas y entienda que todos forman parte del mismo desafío.
Una ciudad donde el trabajador invierte tres horas diarias en traslados pierde productividad. Una economía que atrae inversión, pero no garantiza vivienda accesible, genera desigualdad. Una entidad que presume crecimiento industrial mientras enfrenta escasez de agua compromete su propio futuro.
El desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas.
Pero existe una dimensión que ningún proyecto serio para Baja California puede seguir ignorando: sus paisanos en Estados Unidos.
Hablar de Baja California es hablar de una entidad profundamente binacional. Esa condición no es únicamente una ventaja geográfica; es una identidad construida durante décadas por millones de personas que viven, trabajan, estudian, emprenden o mantienen vínculos familiares a ambos lados de la frontera.
Todos los días cruzan trabajadores, estudiantes, empresarios y profesionistas. También cruzan inversiones, innovación, cadenas de valor, conocimiento y oportunidades. La frontera entre Baja California y California es una de las regiones económicas más dinámicas del continente, pero también una de las comunidades humanas más integradas de América del Norte.
Sin embargo, la política tradicional ha reducido esa realidad a un asunto de aduanas, seguridad o atención a migrantes en tránsito.
Es una visión limitada.
Los cientos de miles de bajacalifornianos y mexicanos que viven en Estados Unidos representan uno de los mayores activos económicos, sociales y estratégicos con los que cuenta el estado. No sólo envían remesas que fortalecen la economía de miles de hogares; también dirigen empresas, participan en industrias de alta tecnología, desarrollan innovación, ocupan posiciones de liderazgo en universidades, centros de investigación y corporaciones internacionales, además de construir redes de negocios que podrían convertirse en una poderosa plataforma para el desarrollo regional.
Desde hace años, organizaciones binacionales como #FuerzaMigrante sostienen que los gobiernos deben dejar de mirar a los paisanos únicamente como una fuente de remesas. Han planteado que los mexicanos en el exterior son aliados estratégicos para impulsar inversión productiva, emprendimiento, transferencia de conocimiento, innovación, comercio binacional y una participación más activa en la construcción de políticas públicas que beneficien a sus comunidades de origen.
Ese planteamiento resulta especialmente pertinente para Baja California.
Porque gobernar Baja California también significa gobernar pensando en los cientos de miles de familias que mantienen una vida entre ambos países. Significa construir un estado que facilite la inversión de los connacionales, que fortalezca el talento binacional, que genere mecanismos permanentes de vinculación con las comunidades mexicanas en Estados Unidos y que reconozca a los migrantes como parte del presente y del futuro de Baja California.
La frontera debe dejar de entenderse únicamente como un límite territorial. Debe asumirse como una plataforma de desarrollo económico, innovación, intercambio de talento y prosperidad compartida.
Una candidatura verdaderamente ciudadana tendría que comprender esa realidad antes que cualquier otra.
El futuro del estado dependerá de su capacidad para aprovechar esa condición binacional como una ventaja competitiva. Ignorar a los paisanos sería desperdiciar uno de los mayores activos que posee Baja California.
La pregunta ya no es si los migrantes deben participar en el desarrollo del estado.
La verdadera pregunta es qué gobierno tendrá la visión para convertir esa enorme comunidad binacional en un motor permanente de crecimiento, innovación y bienestar para ambos lados de la frontera.
Pero ninguna transformación será posible si la política continúa dependiendo de liderazgos personalistas.
Baja California no necesita un caudillo.
Necesita un servidor público.
Uno que entienda que gobernar no consiste en imponer ocurrencias, sino en convocar talento; que escuche a universidades, empresarios, especialistas, organizaciones sociales y ciudadanía; que fortalezca las instituciones por encima de los proyectos personales; que rinda cuentas y haga de la transparencia una práctica cotidiana.
La ciudadanía ya no busca discursos espectaculares.
Busca confianza.
Busca resultados.
Busca gobiernos que expliquen cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce el presupuesto y cuáles son los resultados obtenidos.
En el fondo, la próxima elección no debería decidir únicamente quién ocupará la oficina del gobernador.
Debería definir qué modelo de gobierno quiere construir Baja California.
Uno donde el poder siga negociándose entre partidos y grupos de interés.
O uno donde el ciudadano recupere el centro de la vida pública y donde la condición binacional del estado deje de ser un discurso para convertirse en una auténtica política de desarrollo.
Baja California posee todo para convertirse en el estado más competitivo, innovador y moderno de México. Tiene ubicación estratégica, talento, industria, universidades, capacidad exportadora y una relación privilegiada con Estados Unidos.
Lo único que no puede seguir postergando es un gobierno con la independencia suficiente para administrar ese enorme potencial pensando en los próximos veinte años y no en la siguiente elección.
Porque las campañas duran unos meses.
Pero las decisiones de un buen gobierno —o las consecuencias de uno malo— acompañan a toda una generación.
