Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Fue necesaria la numeraria, sí, la fría, que no tiene sentimiento y solamente informa: fueron tantos.
Después de meses de haber ocurrido el primer asesinato, así, asesinato, por parte de agentes del ICE en contra de un connacional y en seguimiento fe sus actividades ordenadas por la amenaza naranja, siguieron haciendo lo mismo hasta llegar a 17 y cuando la presión del director de la DEA, del secretario de Estado y del Departamento de Justicia, algún pajarito llegó desde Washington y se posó en los balcones de Palacio Nacional, solicitó una audiencia porque tenía información importante y pasaron semanas antes de que la burocracia presidencial la concediera. El mensaje era claro e importante: los agentes del ICE han asesinado a 17 mexicanos y alguien el Salón Tesorería encendió los focos rojos y la presidenta leyó en el pronter el mensaje que debía emitir en ese momento.
Anunciar la presentación de acusaciones penales en contra de los agentes del ICE y otras autoridades involucradas en los asesinatos de 17 connacionales.
No se trata de una reacción inmediata a los hechos. El primer crimen ocurrió hace meses y desde entonces la embajada y los consulados de México en Estados Unidos enseñaron el cobre: o no informaron a la Cancillería o si lo hicieron nadie los llevó a la peluquería.
La presidenta mexicana anunció hace un par de días que su gobierno, no el de México, iniciará denuncias penales por el asesinato de connacionales que, ilegalmente se encuentran en Estados Unidos y son quienes apoyan, sobre todo, las actividades agrícolas.
Hasta ahora nadie ha explicado la razón para esperar llegar al número 17 de asesinados y entonces actuar.
Podría presumirse dos hipótesis: que el exembajador, Esteban Moctezuma y los 52 cónsules haya decidido no reconocer el nombramiento del novato, Roberto Velasco Álvarez como titular la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien que en la transición del representante mexicano ante el gobierno de Washington surgieran discrepancias en acusar al ICE de violencia innecesaria en sus redadas que llevaron al crimen de 17 connacionales.
Hasta ahora se reconocen 17 homicidios, estos sí dolosos, cometidos por los agentes de migración, la mayoría de ellos de origen mexicano, y no hay sanciones por parte de Washington. A lo más que se llegó por los asesinatos es que los repudiados “hielos” dejen de hacer detenciones en algunas ciudades antes llamadas santuarios.
Al anuncio presidencial de que presentaría denuncias penales por las acciones de los agentes del ICE, surgieron los congresistas del oficialismo, léase de Morena y todavía del PVEM y PT, para “exigir” información de las actuaciones de quienes en cumplimiento de las órdenes “superiores” dispararon, detuvieron y mataron o dejaron morir a 17 connacionales. ¿Cuántos más de otros países que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos?
A estas alturas de la deteriorada relación México-Estados Unidos, diputados y senadores, dirigentes de los partidos aliados confirman que no hacen públicas declaraciones y menos toman decisiones si no hay órdenes precisas provenientes de Palacio Nacional.
El gobierno federal, con sus congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos -no servidores- coadyuba a la confirmación que tenemos autoridades que dan pena propia, no ajena.
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