La desaparición de personas de la comunidad LGBTIQ+ continúa siendo una problemática preocupante en México, donde organizaciones civiles y organismos internacionales advierten que persisten importantes deficiencias en los mecanismos de búsqueda, registro y atención a las víctimas y sus familias.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alrededor del 40% de los casos documentados de desaparición de personas LGBTIQ+ se concentra en cinco entidades del país, lo que evidencia focos de especial vulnerabilidad para esta población.
Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, desde 2012, se han reportado 170 desapariciones de personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. De ese total, 103 fueron localizadas —91 con vida y 12 sin vida—, mientras que 67 permanecían desaparecidas hasta abril de 2025.
Entre los estados con mayor número de casos destacan Zacatecas, Ciudad de México, San Luis Potosí, Nuevo León y Michoacán, aunque también existen registros en Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
Organizaciones especializadas señalan que existe un importante subregistro, ya que los sistemas oficiales no permiten identificar de manera sistemática la orientación sexual o identidad de género de las personas desaparecidas, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema.
Asimismo, denunciaron que continúan presentándose obstáculos para que familiares no consanguíneos, amistades o integrantes de la denominada «familia social» puedan presentar denuncias o participar plenamente en los procesos de búsqueda, especialmente cuando se trata de personas trans.
Especialistas también advierten que las investigaciones deben realizarse sin estereotipos ni actos de discriminación y considerar, cuando corresponda, si la desaparición estuvo relacionada con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
Ante este panorama, colectivos de derechos humanos hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de registro, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar investigaciones con enfoque de derechos humanos y perspectiva de diversidad sexual, con el objetivo de brindar una respuesta efectiva a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
