POR DANIEL LEE
Cuando el presidente Barack Obama anunció en 2012 la creación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), miles de jóvenes inmigrantes encontraron algo que hasta entonces les había sido negado: una oportunidad para vivir sin miedo.
No era una amnistía, tampoco una ruta hacia la ciudadanía. Era apenas una protección temporal contra la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente. Sin embargo, para cientos de miles de jóvenes que habían crecido en Estados Unidos, era mucho más que un trámite migratorio: representaba el reconocimiento de una realidad evidente. Ellos no habían llegado por decisión propia; eran niños cuando cruzaron la frontera junto a sus familias y Estados Unidos era el único país que realmente conocían.
Catorce años después, aquella promesa se encuentra al borde del colapso.
La situación actual de DACA refleja una de las mayores contradicciones de la política migratoria estadounidense. Mientras la economía depende cada vez más de la mano de obra inmigrante, el sistema político continúa utilizando a los migrantes como moneda de cambio electoral. Los llamados «Dreamers» o soñadores son quizá el ejemplo más claro de esta incongruencia.
Actualmente existen cerca de medio millón de beneficiarios activos de DACA. La mayoría son mexicanos, seguidos por guatemaltecos y peruanos. Estudian, trabajan, pagan impuestos, crean empresas, compran viviendas y sostienen sectores enteros de la economía estadounidense. De acuerdo con estimaciones citadas por legisladores demócratas, los hogares con beneficiarios de DACA aportan alrededor de 9 mil 500 millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales. Sin embargo, pese a esa contribución económica y social, continúan viviendo bajo una incertidumbre permanente.
La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca ha profundizado esa vulnerabilidad. La estrategia ya no consiste únicamente en intentar cancelar DACA mediante una orden ejecutiva o una batalla judicial. Ahora parece orientarse hacia un desgaste gradual y sistemático del programa.
Los datos son alarmantes. Durante 2025, cientos de beneficiarios fueron arrestados y decenas terminaron deportados. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que DACA no constituye una protección absoluta frente a la expulsión y ha llegado incluso a promover la llamada «autodeportación». La Junta de Apelaciones de Inmigración ha reforzado esta interpretación al concluir que poseer DACA no basta para detener un proceso de remoción.
Se trata de un cambio profundo y preocupante. Durante años, los beneficiarios entendieron que el programa les brindaba un mínimo de estabilidad. Hoy, ese piso comienza a resquebrajarse.
Pero la amenaza no proviene únicamente de los arrestos o deportaciones. También se manifiesta en decisiones administrativas aparentemente menores que terminan afectando la vida cotidiana de cientos de miles de personas. El acceso a seguros médicos subsidiados ha sido restringido, algunas ayudas educativas están siendo cuestionadas y los tiempos para renovar permisos se han multiplicado. Procesos que antes tardaban semanas ahora pueden extenderse durante meses, generando incertidumbre laboral, financiera y familiar.
La realidad es que DACA nunca debió convertirse en una solución permanente. Fue concebido como una medida temporal mientras el Congreso construía una reforma migratoria integral. Esa reforma nunca llegó.
Demócratas y republicanos comparten responsabilidad en este fracaso histórico. Durante más de una década, ambos partidos han utilizado a los soñadores como símbolo político, pero ninguno ha sido capaz de construir los consensos necesarios para ofrecerles una vía definitiva de regularización. Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes han quedado atrapados en un limbo jurídico que depende de decisiones judiciales, cambios administrativos y ciclos electorales.
La pregunta de fondo es profundamente moral: ¿qué país deporta a personas que crecieron bajo su sistema educativo, hablan su idioma, trabajan en sus empresas y consideran esa nación como su hogar?
Muchos beneficiarios de DACA llegaron siendo bebés. Algunos ni siquiera recuerdan el país donde nacieron. Deportarlos significaría expulsarlos a lugares que les resultan prácticamente desconocidos. No se trata solamente de una medida migratoria; implica romper proyectos de vida completos, separar familias y castigar a personas cuyo único «delito» fue haber sido llevadas por sus padres cuando eran menores de edad.
Resulta especialmente paradójico que esta ofensiva ocurra en momentos en que Estados Unidos enfrenta déficits de mano de obra en múltiples sectores productivos y una transición demográfica que exige incorporar más trabajadores a la economía. En lugar de aprovechar el talento, la formación académica y la experiencia laboral de los soñadores, parte de la clase política insiste en convertirlos en objetivos de una agenda de endurecimiento migratorio.
DACA simboliza hoy algo más grande que un programa administrativo. Representa la incapacidad de Estados Unidos para resolver uno de los problemas migratorios más evidentes y humanamente urgentes de su historia reciente. Después de catorce años, medio millón de personas continúan esperando una respuesta definitiva.
La incertidumbre no puede ser una política pública permanente. Tampoco puede seguir siendo el destino de quienes han demostrado, una y otra vez, su voluntad de contribuir al país donde crecieron.
Los soñadores no necesitan más promesas, ni más litigios, ni más campañas electorales construidas sobre su futuro. Necesitan algo mucho más simple: certeza jurídica, reconocimiento pleno y la oportunidad de pertenecer legalmente al país que ya consideran suyo.
Lo contrario sería admitir que el llamado «sueño americano» tiene fecha de caducidad y que, para cientos de miles de jóvenes inmigrantes, nunca fue realmente un sueño, sino apenas una ilusión temporal.
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