ALBERTO F. MENA MALLEN
¿Aún amarán los morenistas a los narcos después de que los Estados Unidos los acuse de ser socios?
¿Podrá el narco desaparecer a la 4t por sus audacias de ser sus cómplices?
El amor de la 4t hacia los grupos criminales se está acabando, cuando con AMLO había “amor con amor se paga”, ahora se está convirtiendo en “amor con odio y traiciones se paga” y en fuertes acusaciones por parte de los Estados Unidos por las relaciones indebidas que sostienen políticos, legisladores, funcionarios y empleados de Morena con los delincuentes que se muestran muy violentos en diversas regiones del país y que lastiman a la población civil por el daño que no termina.
Donde aún opera ese dicho es con los morenistas que se han portado mal con el pueblo, pero que son cubiertos con el manto protector de la impunidad, debido a que la científica busca de cualquier manera no entregar a sus cuates, -sobre todo de AMLO-, al insistir que quiere pruebas por parte de las autoridades norteamericanas sobre las acusaciones que se les han hecho al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Isunza y a otros ocho personajes de dicha entidad, a los que al parecer quieren juzgar en el país para evitar que “canten” sobre las irregularidades cometidas con el crimen organizado.
Pero, siempre hay un pero, porque hay dos de los acusados que ya se entregaron a los gringos, mismos que se supone hablarán de sus experiencias y relaciones con los narcos, y tal vez entreguen pruebas de lo mal que se han portado dichos acusados, por lo que tanto la 4t como el Ejército Mexicano se deslindaron del general Gerardo Mérida Sánchez, para tratar de justificar alguna relación de los militares en este caso.
Aunque en medios de información y redes sociales se insiste, por las declaraciones de funcionarios estadounidenses, que si no los entregan, vendrán por ellos, tal y como lo hicieron con Nicolás Maduro, en Venezuela, a principios del presente año y tal vez se genere una crisis política de dimensiones incalculables lo que nadie desea de los mexicanos. El tiempo se acaba.
Otro asunto que es muy notorio es que esta administración de la huésped de Palacio Nacional busca por todos lados minimizar los problemas que aquejan a los mexicanos, uno de ellos el de la violencia, incluyendo secuestros, asesinatos, donde destacan los de periodistas, para que se crea que trabajan incansablemente en este renglón pero que, desgraciadamente, en los medios de comunicación y en redes sociales se muestra cómo la cruda realidad está en vivo y a todo color y “sin amor”.
Buscan, de cualquier manera, presentar una cara de trabajo, pero el otro rostro es el de las desapariciones que continúan en aumento en el territorio nacional, así como las extorsiones, los desplazamientos hormiga ante las amenazas que reciben ciudadanos por parte del crimen organizado, por lo que tienen que buscar la manera de proteger su vida, ante las omisiones del gobierno, tal y como sucedió con Carlos Manzo quien, con frecuencia, solicitó seguridad, la que nunca le proporcionaron.
Con todo lo que se ha desarrollado en los últimos meses, algo queda al descubierto: que el narco no tan fácilmente les brindará apoyo en el sentido electoral a los morenistas y a la 4t, ante el miedo de que los Estados Unidos los pueda involucrar y terminen o señalados o en cárceles americanas, ya que se les puede considerar terroristas.
Cabe destacar que, si México no entrega a los ocho acusados a las autoridades judiciales de los EUA, las consecuencias pueden ser severas en varios frentes y una de ellas sería la falta de voluntad política contra la evidente narcopolítica: Pueden existir probables sanciones diplomáticas, ya que Washington puede reducir la cooperación bilateral en materia de seguridad y endurecer su discurso público, acusando a México de proteger a narco políticos y habría condenas públicas y presión en foros internacionales, lo que afectaría la imagen de México; habría presiones económicas donde el Departamento del Tesoro podría congelar activos financieros y sancionar a los acusados y ampliar sanciones a funcionarios o empresarios relacionados.
Además, con extradiciones forzadas EE.UU podría recurrir a mecanismos internacionales para exigir la entrega, incluso presionando con órdenes de captura globales vía Interpol; de la misma manera puede haber un impacto en el T-MEC donde el incumplimiento podría tensar las negociaciones comerciales, ya que EE.UU. suele usar el tratado como palanca política. Y en seguridad fronteriza, podrían aumentar los operativos unilaterales en la frontera, afectando el flujo de mercancías y personas.
Para México, ceder puede ser visto internamente como una pérdida de soberanía, y resistirse implica riesgos económicos y diplomáticos, aunque el desenlace marcará el tono de la relación bilateral en los próximos meses, especialmente en seguridad y comercio. El desenlace marcará si la relación bilateral se mantiene en cooperación pragmática o se desliza hacia la confrontación.
Cuando México ha optado por juzgar en su territorio a figuras ligadas al narcotráfico, en lugar de extraditarlas, la relación con EE.UU. se ha tensado en el pasado. Dos ejemplos históricos ilustran bien lo que podría pasar ahora con los ocho acusados: En el caso de Rafael Caro Quintero, que fue detenido en 2022, México insistió en juzgarlo en el país, pero la presión estadounidense fue tan fuerte que el caso se convirtió en símbolo de la desconfianza hacia el sistema judicial mexicano. Finalmente, se avanzó hacia la extradición.
Con el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque inicialmente México lo procesó en tribunales nacionales, la fuga del narco en 2015 debilitó la credibilidad del sistema penitenciario mexicano, por lo que fue extraditado en 2017 por la presión internacional y el riesgo de otra fuga. México lo entregó a EE.UU., donde fue condenado a cadena perpetua. Hubo una lección para los del vecino país al considerar que solo sus tribunales garantizan sentencias firmes contra capos de alto perfil.
Pero si México decide juzgar a los ocho acusados en su territorio, deberá demostrar que los procesos son sólidos y creíbles. De lo contrario, EE.UU. podría repetir la presión ejercida en los casos de Caro Quintero y El Chapo, con sanciones y exigencias de extradición.
La frase “amor con amor se paga”, usada por AMLO, más que un lema o un eslogan, es una forma de plantear la política como reciprocidad y gratitud entre gobernantes y pueblo. En su narrativa, el apoyo popular se retribuye con programas sociales, cercanía y defensa de la soberanía.
Con Claudia Sheinbaum, la aplicación de esta frase es distinta pero no desaparece y se refleja en continuidad social al mantener y ampliar los programas de bienestar, reforzando la idea de que el respaldo ciudadano se devuelve con beneficios tangibles.
Aunque su estilo es más técnico y menos emocional que el de AMLO, Sheinbaum busca transmitir que gobierna “para la gente” y que la confianza se paga con resultados. Al igual que AMLO, utiliza la narrativa de independencia frente a Estados Unidos -soberanía y orgullo nacional-, como gesto de reciprocidad: defender al país es una forma de devolver el apoyo recibido. Una soberanía que está en duda.
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