Alberto F. Mena Mallen
¿Seremos los mexicanos que pedimos que la 4t resuelva el problema de la inseguridad, la violencia y elimine a los cárteles de la droga, sin que intervengan los Estados Unidos, traidores a la patria?
- Si no han podido con el paquete al que les obliga la Constitución, las leyes y el sentido común de mantener la paz en el territorio nacional para que exista desarrollo, tranquilidad donde los ciudadanos puedan convivir y trabajar sin que los maten, se les extorsione, secuestren y tengan que pagar un precio elevado porque las autoridades, además de que no cumplen con su tarea, se han dedicado a ser parte de los grupos delictivos.
Los morenarcos son muy dados a calificar a quienes solicitan apoyo de nuestro vecino del norte como traidores a la patria y lo hacen con un énfasis -Gerardo Fernández Noroña-, que parece que hasta se desgarran el alma acusando, sobre todo al PAN y al PRI de ser traidores a la patria, usando sus argumentos “humanistas” de que quieren entregar al país a los gringos, cuando nada de eso se ha solicitado.
De que los americanos se puedan aprovechar de las circunstancias que la misma 4t ha generado al no combatir a los narcos y a la delincuencia, sería otro problema que hay que endorsárseles a los oficialistas, quienes han provocado que el narco se apropie de gobiernos municipales, estatales, legislativo y ejecutivo, además de que les ha dado manga ancha a los criminales que ya han logrado tener gran parte del territorio nacional e internacionalizarse en muchas naciones del orbe.
Serán traidores a la patria quienes solicitan que los Estados Unidos intervenga en solucionar este grave problema que aqueja a todos los que vivimos en México o deben ser ellos, calificados como tal por no cumplir con las leyes, los tratados, ya que hasta ahora solo han mostrado que no lo quieren hacer con la detención con fines de extradición al ex gobernador Rubén Rocha Moya. Solo se le solicitó que pida licencia al cargo, y se le han congelado las cuentas bancarias para buscar un camino que les permita juzgarlo en nuestro país para evitar que suelte la lengua en la justicia norteamericana.
La científica, cuando se refiere a estos temas, se molesta con las preguntas formuladas y aquí caben estas palabras señaladas en el documento “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” (Artículo 19), donde la opacidad y la captura del derecho a saber se señala: “En este nuevo ecosistema se restringe el derecho a preguntar, se vuelve incierto el derecho a impugnar y se intenta reemplazar con propaganda el derecho a saber”.
La idea de “traición a la patria” es muy fuerte y cargada de significado histórico en México. Tradicionalmente, se ha usado para señalar a quienes ponen intereses personales o externos por encima del bienestar nacional. Sin embargo, hay que distinguir entre quienes toman decisiones de gobierno y quienes las padecen como ciudadanos.
Los críticos de la llamada “4t” sostienen que algunas políticas han debilitado instituciones, frenado inversiones o afectado la seguridad, lo que podría interpretarse como un daño al país. Desde esa perspectiva, se acusa a ciertos funcionarios de actuar contra el interés nacional. Mientras que los ciudadanos que sufren las consecuencias de las decisiones no son traidores; más bien son víctimas o afectados. La traición implica acción consciente contra la patria, no padecimiento.
En la historia mexicana, el término se ha usado en momentos clave, como contra Antonio López de Santa Anna por la pérdida de territorio, o Victoriano Huerta por el golpe de Estado. En esos casos, se trató de líderes que tomaron decisiones vistas como contrarias al interés nacional. Por ello, el llamar “traidores” a los ciudadanos no tiene sentido: ellos no deciden las políticas, las padecen. El debate real está en si las acciones de los gobernantes cumplen o no con el mandato de proteger y fortalecer a la nación.
Y como no han cumplido con este mandato, pedir apoyo al gobierno de Estados Unidos para enfrentar la inseguridad en México es un tema muy polémico. Hay dos visiones principales: Para muchos, solicitar intervención extranjera puede considerarse una forma de vulnerar la independencia y la capacidad del Estado mexicano de resolver sus propios problemas. En la historia de México, la defensa de la soberanía ha sido un principio fundamental, y cualquier intromisión externa suele verse con recelo.
Otros argumentan que el crimen organizado tiene dimensiones transnacionales y que la cooperación con Estados Unidos (en inteligencia, tecnología, financiamiento o capacitación) es necesaria para enfrentar a los cárteles. Ejemplos de esto son la Iniciativa Mérida o acuerdos bilaterales en materia de seguridad.
Pero el hecho de que grupos criminales asuman funciones que corresponden al gobierno (control territorial, cobro de “impuestos”, impartición de justicia informal) es visto como una señal de debilitamiento institucional. Para algunos, pedir ayuda externa es un intento desesperado de recuperar el control. Por ello, quienes piden apoyo externo no necesariamente son “traidores a la patria”, aunque los críticos lo interpreten así. Más bien, se trata de un dilema entre proteger la soberanía y buscar soluciones efectivas frente a un problema que rebasa las capacidades nacionales.
El solicitar apoyo militar directo de Estados Unidos contra los cárteles sería visto como una vulneración de la soberanía nacional; sin embargo, la cooperación bilateral en seguridad ya existe y se justifica bajo acuerdos que enfatizan respeto mutuo y responsabilidad compartida. En la práctica, la línea entre cooperación legítima y pérdida de soberanía depende de si México mantiene el control de las decisiones y evita subordinación. Aunque al parecer no hay ese control y ante la debilidad del gobierno, solo se dedican a atacar a quienes piensan que es necesario el apoyo norteamericano.
El apoyo de EE.UU. no es en sí contrario a la soberanía si se da bajo acuerdos bilaterales y México conserva el control de las decisiones. Lo que sí sería contrario es una intervención unilateral o militar directa. El dilema está en equilibrar la necesidad de resultados frente a la inseguridad con la defensa de la independencia nacional.
La decisión de no entregar a Rocha Moya y los nueve acusados proyecta un escenario de mayor tensión con EE.UU., riesgo de sanciones comerciales y presión política interna. México podría optar por juzgarlos en su propio territorio para defender la soberanía, pero si no lo hace con firmeza, el costo será muy alto, tanto internacional como doméstico.
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