POR: ÁNGEL LARA PLATAS
Hablar de México es, inevitablemente, hablar de su pasado. Pero también, y quizá con mayor urgencia, de sus deudas históricas. A más de un siglo del estallido de la Revolución Mexicana, la pregunta no es si fue un parteaguas —que lo fue—, sino si sus promesas han sido realmente cumplidas.
La Revolución no sólo derrocó al régimen de Porfirio Díaz; redefinió el pacto social. La Constitución de 1917 consagró derechos laborales, acceso a la tierra y el papel rector del Estado. Fue, en su momento, un documento de avanzada. Sin embargo, el nuevo orden no eliminó las viejas prácticas, solo las transformó.
El sistema político que emergió —y que se consolidó durante décadas bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional— ofreció estabilidad a cambio de control. Se institucionalizó la Revolución, pero también se encapsuló. La justicia social se volvió narrativa; el desarrollo, selectivo.
Hoy, México es otro país. Más urbano, más conectado, más plural. Pero no necesariamente más justo.
El avance social es innegable, aunque insuficiente. La expansión educativa, el crecimiento de las ciudades y la diversificación de la economía han configurado una sociedad más compleja. La alternancia política del año 2000 rompió un ciclo de poder casi monolítico. Y, sin embargo, la desigualdad persiste como una constante estructural. La movilidad social es limitada y la violencia erosiona la vida pública.
En el terreno tecnológico, México vive una paradoja. Es un país altamente conectado, con millones de usuarios digitales, ecosistemas emergentes de innovación y una juventud que adopta con rapidez las nuevas herramientas. Pero, al mismo tiempo, mantiene profundas brechas: regiones enteras permanecen al margen del acceso tecnológico, mientras la dependencia del exterior limita la soberanía digital.
La sociedad mexicana, no obstante, posee fortalezas que suelen pasar desapercibidas en el análisis coyuntural. Su resiliencia frente a la crisis, su capacidad de organización comunitaria, su creatividad económica —muchas veces desde la informalidad— y una identidad cultural sólida constituyen activos estratégicos. No son menores: son, de hecho, la base sobre la cual podría construirse un proyecto de nación más equilibrado.
El problema, entonces, no es la ausencia de potencial, sino la falta de dirección.
México enfrenta un dilema de fondo: continuar administrando inercias o emprender transformaciones de fondo. Y esas transformaciones no pasan únicamente por el discurso político, sino por decisiones estructurales.
Primero, el Estado de derecho. Sin instituciones que funcionen y sin justicia efectiva, cualquier política pública queda vulnerable a la simulación.
Segundo, la educación. No como cobertura estadística, sino como formación real en pensamiento crítico, ciencia y tecnología. El siglo XXI no admite rezagos en este terreno.
Tercero, el desarrollo tecnológico propio. Un país que sólo consume innovación está condenado a la dependencia.
Cuarto, la reducción de la desigualdad con mecanismos que generen movilidad social, no sólo contención.
Y quinto, una ciudadanía más exigente y participativa. La transformación no puede ser delegada exclusivamente al poder político.
México no está detenido. Pero tampoco ha resuelto sus contradicciones. La Revolución abrió una puerta; no garantizó el destino.
El verdadero parteaguas no está en el pasado. Está en la capacidad del presente para corregir el rumbo.
Porque si algo ha demostrado la historia nacional es que los cambios no se agotan en los discursos. Se sostienen —o fracasan— en la realidad.
