*Cuatro Décadas en México
y no Están Naturalizados
Por CARLOS BARRACHINA LISÓN
El conflicto guatemalteco en los ochenta y buena parte de los noventa generó un importante movimiento de personas que obtuvieron refugio en comunidades de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
En el caso del municipio de Bacalar son cinco las comunidades que actualmente tienen entre su población ex refugiados guatemaltecos, que se instalaron de forma permanente desde esos años: San Isidro la Laguna, Maya Balam, Kuchumatán, Miguel Hidalgo y Caan Lumil.
Un buen número de ellos, gracias al apoyo de la COMAR, obtuvieron en su momento la naturalización mexicana, y otros tantos quedaron en el aire, y se han mantenido a lo largo de los años con diferentes permisos migratorios de residencia en estas comunidades rurales. En algunos casos, especialmente sus hijos o nietos, se han desplazado al norte de Quintana Roo, en búsqueda de mejores oportunidades laborales, sin perder el contacto y conexión con estas comunidades.
Desde hace unos años, con el apoyo de la activista Tania Casa Madrid Alfaro, un número superior a las cuatrocientas personas de estas comunidades, están tratando de lograr que se reactiven los procesos de naturalización con un programa especial. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, y en todo caso son personas que viven de forma marginal en el mundo rural, y por lo mismo tienen muy escasos recursos. Su solicitud trata de que se les abran los candados burocráticos, y que en respuesta a su situación de vulnerabilidad se les permita naturalizarse con una residencia probada a lo largo de los años, sin realizar ni examen de conocimientos, ni pagar la elevada tasa del proceso, que por su situación económica no pueden enfrentar (hay familias que son seis o siete los integrantes que requieren el trámite).
A lo largo de los años estás personas han tenido que enfrentar diversos problemas relacionados con la certeza jurídica. El problema inicia en Guatemala, en dónde partidas de nacimiento de algunos de ellos desaparecieron y no pueden ser localizadas. El consulado de Guatemala en México, que ahora tiene oficinas en Cancún, y antes las tenía en Tenosique, se ha desplazado en un par de ocasiones a las comunidades para tratar de ayudar a sus paisanos con la expedición de pasaportes, o de documentos de identidad.
Los problemas que han enfrentado estos exrefugiados han tenido que ver con la propiedad de la tierra, con las dificultades para participar en cooperativas de tipo agrícola o de transportes, y recientemente, con la imposibilidad de recibir cualquier tipo de apoyos por parte del gobierno mexicano, que en otros momentos si recibieron.
El origen de estas personas es diverso, provienen de diferentes lugares de Guatemala, y manejan lenguas mayas distintas, que han seguido manteniendo en su uso cotidiano (en muchos casos su manejo del castellano es muy pobre). Ello ha dificultado también el que se organicen como grupo, y que los términos de usos y costumbres no apliquen tampoco, por la diversidad cultural que tienen entre ellos mismos.
La falta de certeza jurídica no sólo se manifiesta en temas económicos, sino que ha llevado a enfrentamientos ocasionales, como el que estalló a finales del 2019 en la comunidad de Maya Balam, en donde por problemas de propiedad de la tierra y de gestión de unas cooperativas de transporte, la comunidad se dividió, hubo casas y vehículos incendiados, y se creó una cárcel comunitaria, en dónde se presume que se torturó a vecinos. Todo ello acabó con tres vecinos en la cárcel, después de que la autoridad lograra ingresar a la comunidad, y con una fractura social importante en la localidad.
El camino a través de las burocracias ha sido tortuoso, y unos se han echado la bolita a otros. Se buscó apoyo de la COMAR y de ACNUR, pero la respuesta siempre fue que los procesos de naturalización especiales concluyeron hace años, y que no podían hacer nada para apoyar en la regulación de estos vecinos de Bacalar, que en muchos casos llevan más de 30 o 40 años residiendo en el municipio.
Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, le pasó la bolita a la oficina de la Coordinación para la atención integral de la migración de la frontera sur (CAIMFS), cuyo titular en Antonio Hazael Ruiz Ortega, y que depende de la Secretaría de Gobernación.
Recientemente el funcionario estuvo Maya Balam y San Isidro la Laguna, entregando copias certificadas del acta de naturalización de 170 de los exrefugiados, que en su momento se hicieron mexicanos, y que las tenían maltratadas, o perdidas. Al recibir CAIMFS el oficio de la SRE para atender el tema, e involucrarse en la gestión, el ayuntamiento de Bacalar también se ha sumado a la iniciativa. El proceso va a continuar con su camino burocrático, ya con un responsable federal, que conoce las comunidades y que ha platicado directamente con las personas, y con la voluntad de la autoridad municipal.
Ello abre una ventana de esperanza a todas estas personas que se encuentran en un limbo jurídico complicado, y que no tienen ni los recursos económicos, ni los conocimientos académicos suficientes para poder acreditar un examen de naturalización y un proceso engorroso y costoso como el que tienen que enfrentar en la actualidad.
