El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó el martes ante el Senado de Estados Unidos que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forma parte de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles. “Les aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”,
Durante una audiencia en la Cámara alta estadounidense, Cole sostuvo que la relación entre organizaciones criminales y altos funcionarios mexicanos se ha dado “durante años”, pero señaló que las autoridades de Estados Unidos ahora están “prestando atención” al tema.
El titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) añadió que el caso contra Rocha Moya “es sólo el comienzo”.
Cole señaló durante su comparecencia ante legisladores estadounidenses en una audiencia donde se discutieron temas de inteligencia y combate al narcotráfico, recordó que durante su carrera trabajó como agente en Colombia, Afganistán y México.
Afirmó que los funcionarios que colaboran con organizaciones criminales son “igual de responsables” de las muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, “al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”.
La audiencia incluyó cuestionamientos del senador republicano John Kennedy sobre la acusación federal presentada en contra de Rocha Moya por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Kennedy criticó la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la vinculó con una supuesta tolerancia hacia los grupos criminales.
“Cuando un presidente anterior de México hace campaña bajo una plataforma de ‘abrazos, no balazos’ respecto a los cárteles, eso habla mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar”, dijo el legislador republicano.
Durante la audiencia Cole defendió el uso de la Sección 702 de la legislación de inteligencia estadounidense, que permite realizar vigilancia y consultas internas sobre información obtenida legalmente en el extranjero sin requerir órdenes judiciales previas. Argumentó que dichas facultades son herramientas utilizadas para rastrear conexiones relacionadas con terrorismo y narcotráfico.
