La nueva estrategia condiciona el apoyo bilateral a las detenciones, procesos y extradiciones y advierte que utilizará ‘todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles’ contra los cárteles.
Estados Unidos publicó el lunes la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que redefine su política antidrogas con un enfoque de seguridad nacional, en el que México es colocado como un actor principal tanto en la contención como en la propagación de la crisis de opioides sintéticos, particularmente el fentanilo.
La estrategia describe a México como el principal corredor de drogas hacia Estados Unidos, a través de una frontera terrestre de casi 2,000 millas, y como el espacio donde operan con mayor fuerza los cárteles responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina.
El plan impulsado por el gobierno de Donald Trump plantea una ofensiva integral contra los cárteles, a los que clasifica como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), y equipara el impacto de las drogas sintéticas con el de armas de destrucción masiva.
Propone reforzar el control fronterizo, desmantelar las cadenas globales de suministro de precursores químicos y reducir la demanda interna mediante prevención, tratamiento y una política cultural “libre de drogas”.
La estrategia reconoce explícitamente el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México como un factor que fortalece a los cárteles. Señala que interrumpir el tráfico de armas de fuego hacia el sur es un elemento crítico, ya que estas armas “empoderan” a las organizaciones criminales en su capacidad operativa y de control territorial.
El rediseño de la cooperación México, que queda explícitamente condicionada a resultados verificables, bajo la amenaza de sanciones, aislamiento financiero e incluso deja abierta la puerta a las acciones unilaterales en diversos ámbitos.
Estas organizaciones, señala el documento, actúan con altos niveles de impunidad en partes del territorio mexicano, desafiando la autoridad del Estado y utilizando violencia extrema para controlar rutas de contrabando. Incluso advierte que han expandido sus operaciones hacia Canadá, instalando laboratorios para evadir controles en la frontera sur estadounidense.
El extenso documento, dado a conocer de manera sorpresiva y justamente cuando el gobierno de México retrasa la detención con fines de extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, precisa que “priorizaremos las líneas de esfuerzo que impulsen […] a México a incautar precursores y reducir la producción; a México a eliminar la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de los Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales”, dice el apartado en el que describe una serie de acciones a países como China, Canadá, Colombia y México.
“La Administración también aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir a los países de origen y de tránsito como China, India, México, Canadá y Colombia que amplíen marcos de incentivos similares y compatibles para las empresas de transporte, químicas, farmacéuticas y logísticas”.
La estrategia antidrogas resalta que las extradiciones son planteadas como un elemento principal e innegociable. La inteligencia compartida por parte de las agencias estadounidenses tendrá como objetivo directo ubicar, detener, extraditar y procesar a líderes criminales para desmantelar su operación global.
Señala que el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en coordinación con el Departamento de Justicia y con el apoyo del Departamento de Guerra, “liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector de la justicia para asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible del Gobierno de México para identificar y desmantelar las organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO) y las organizaciones de narcotráfico extranjeras (FTO) que operan dentro de su territorio”.
