El Gobierno de México confirmó este lunes que la solicitud presentada por Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponde a una petición formal de extradición, sino a una solicitud de “detención provisional”, la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su “urgencia”.
En la conferencia presidencial la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República Luisa María Alcalde, explicó que “hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo”.
Solamente ratificó lo que ya han hecho público la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.
Alcalde detalló que la solicitud formal, regulada en el tratado bilateral entre ambos países, debe presentarse por vía diplomática e incluir “el delito por el cual se acusa”, así como pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación.
Agregó que, tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, por lo que “la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”.
“El momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, que a su vez pedirá más información al país requirente.
Subrayó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas.
