Movimiento Ciudadano solicitó iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El partido argumentó que, ante la gravedad de los señalamientos, es necesario que los involucrados enfrenten la justicia sin protección del fuero, a fin de garantizar un proceso transparente y conforme a derecho.
La petición fue presentada ante instancias federales, en medio de la presión política generada por acusaciones internacionales que han colocado a autoridades sinaloenses en el centro del debate.
De acuerdo con la legislación mexicana, para que proceda el desafuero se requiere un juicio de procedencia que determine la eliminación de la inmunidad procesal de los servidores públicos señalados.
La solicitud generó una respuesta inmediata del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien criticó la iniciativa y acusó a Movimiento Ciudadano de actuar con fines políticos.
El legislador sostuvo que este tipo de procedimientos deben ser promovidos por las autoridades correspondientes y no por actores políticos, además de cuestionar la validez de los señalamientos.
El caso se da en un contexto de creciente tensión política por presuntas investigaciones en el extranjero que involucran a funcionarios mexicanos, lo que ha reavivado el debate sobre la relación entre política y crimen organizado.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y aseguró que continuará en funciones mientras se desarrollan los procesos legales.
