PODER PÚBLICO
José Cruz Delgado
*Luis Navarro saca raja política
Tras la denuncia de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hugo Gama Coria, presuntamente creó casi 20 plazas innecesarias, que costarían al erario público más de 11 millones de pesos al año, además de haber despedido a personal con décadas de experiencia, a quienes buscó sustituir con gente de su círculo cercano que carecen de formación jurídica, título profesional o experiencia en temas jurídicos, a algunos de los cuales les ha concedido salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales, el Tribunal de Disciplina Judicial no ha dicho una palabra al respecto, bueno ni los poderes Legislativo y Ejecutivo como si hubiera complicidad.
Y es que se asegura que Gama Coria lleva directo al colapso al Poder Judicial, y que lejos de verlo como un líder se advierte como ejemplo de corruptela que ha encontrado la oportunidad de integrar a sus allegados pese a que no tienen experiencia en el ramo jurídico, mientras deja sin trabajo a quienes por años han entregado su vida a la carrera judicial.
Estos presuntos actos de corrupción contrastan con el doble discurso del magistrado
sobre que no se permitirían actos contrarios a la ley.
Los datos que se exhiben dan cuenta de la falta de seriedad del Órgano de Administración Judicial que encabeza Gama Coria y la Comisión de Carrera Judicial, presidida por la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, por lo que ambos podrían estar incurriendo en responsabilidades administrativas graves que debería de atender de manera inmediata el Tribunal de Disciplina Judicial.
Hace días el diputado del Partido Verde Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Mejora Regulatoria
del Estado, con el objetivo de establecer que las copias certificadas de las actas del estado civil, en particular las actas de nacimiento, tengan vigencia permanente y no puedan ser rechazadas por autoridades bajo el argumento de su antigüedad afectando la economía de miles de familias michoacanas.
Y es que resulta absurdo tener que tramitar una nueva copia del acta de nacimiento, pese a que el original certificado se encuentra en perfectas condiciones, solo por haber sido expedido hace más de cierto tiempo.
Actualmente existe una discrecionalidad inaceptable, pues mientras algunos funcionarios rechazan actas con más de unos meses de antigüedad, en la ventanilla de al lado las aceptan sin problema. Esta situación afecta con mayor dureza a las familias de comunidades rurales que deben viajar horas hasta una oficialía, a los adultos mayores que dependen de terceros para realizar trámites y a los jóvenes que pierden oportunidades laborales por no contar con un “acta reciente”.
La propuesta presentada plantea, de manera explícita y sin lugar a interpretaciones, que ninguna autoridad podrá rechazar las copias certificadas de las actas del estado civil mientras sean legibles y no presenten alteraciones. Asimismo, se establece que el acceso a los servicios públicos no podrá condicionarse a la obtención de un nuevo documento si el ciudadano ya cuenta con una copia certificada vigente.
A pesar de este candado, curiosamente el secretario de finanzas del estado Luis Navarro, dice que las actas de nacimiento y documentos del estado civil mantienen su validez legal permanente para trámites públicos y privados, siempre que se conserven legibles y sin alteraciones y que ninguna autoridad o particular está facultado para exigir versiones «recientes de estos documentos, puesto que su validez es permanente y no está sujeta a criterios de vigencia temporal.
