A partir de este 11 de abril entró en vigor en México la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, con el objetivo de limitar los altos ingresos que reciben algunos exfuncionarios del sector público.
La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que ninguna jubilación o pensión de servidores públicos podrá superar la mitad del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, fijando así un tope claro a estos beneficios.
La medida aplica a trabajadores de confianza en organismos descentralizados, empresas del Estado, fideicomisos y otras entidades públicas en los tres niveles de gobierno. Además, obliga a revisar contratos, condiciones laborales y esquemas de retiro para ajustarlos al nuevo límite.
El decreto también precisa que ninguna persona servidora pública podrá recibir un ingreso mayor al de su superior jerárquico, salvo en casos excepcionales como funciones especializadas o acumulación de empleos, pero aun así sin rebasar el tope establecido.
En cuanto a su aplicación, las pensiones ya existentes deberán adecuarse al nuevo límite, aunque se respetarán ciertas excepciones, como las correspondientes a Fuerzas Armadas, sistemas financiados con aportaciones voluntarias o sindicales, así como la pensión no contributiva.
El gobierno federal señaló que esta reforma busca eliminar privilegios excesivos y reforzar la política de austeridad, garantizando un uso más equitativo de los recursos públicos.
Asimismo, se estableció un plazo de hasta 90 días para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen sus leyes con esta nueva disposición.
