POR DANIEL LEE
Catorce muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos son la evidencia acumulada de un sistema que ha normalizado la violencia institucional contra personas migrantes.
La decisión del gobierno de México de elevar el nivel de protesta y llevar estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, sin duda, un paso necesario. Pero también es un reconocimiento implícito: la relación bilateral ha llegado a un punto donde la defensa de los derechos humanos choca frontalmente con la lógica de seguridad que domina la política migratoria de Estados Unidos.
No se trata únicamente de muertes. Se trata de las condiciones que las hicieron posibles. Hacinamiento extremo, alimentación en mal estado, falta de atención médica, ausencia de protocolos básicos de salud mental y detenciones ejecutadas, en algunos casos, por personal sin capacitación suficiente. El testimonio de organizaciones como #FuerzaMigrante y Alianza Américas no deja lugar a dudas: el sistema de detención migratoria estadounidense opera bajo una lógica de castigo, no de resguardo administrativo.
En el fondo, lo que está en juego es la redefinición del migrante: de sujeto de derechos a amenaza gestionable. Ese cambio no es menor. Es el resultado de años de discurso político que ha deshumanizado a millones de personas, y que bajo la administración de Donald Trump alcanzó niveles particularmente agresivos. El lenguaje importa, porque prepara el terreno para la acción. Cuando desde el poder se insiste en vincular migración con criminalidad, se abre la puerta para justificar detenciones masivas, condiciones indignas y, finalmente, muertes evitables.
El argumento de la soberanía —el derecho de un país a controlar sus fronteras— ha sido utilizado como escudo para evadir responsabilidades. Pero la soberanía no es una licencia para violar derechos humanos. Ningún Estado puede, en nombre de su seguridad, despojar a las personas de su dignidad básica. Esa es, precisamente, la línea que hoy parece haberse cruzado.
La respuesta del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum tiene un valor político significativo. Llevar los casos ante instancias internacionales implica internacionalizar el conflicto, exponerlo y presionar en un terreno donde Estados Unidos no siempre se siente cómodo: el de la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Sin embargo, también revela las limitaciones estructurales de México. La dependencia económica, la presión comercial y la asimetría de poder hacen que cualquier confrontación tenga costos.
Y ahí está uno de los dilemas centrales: ¿hasta dónde puede llegar México en la defensa de sus connacionales sin poner en riesgo otros frentes estratégicos, como el tratado comercial de América del Norte? La respuesta, en términos estrictamente políticos, suele ser pragmática. Pero en términos éticos, debería ser intransigente. Porque cuando lo que está en juego es la vida de ciudadanos, la diplomacia no puede ser tibia.
Las propias #organizacionesmigrantes lo reconocen: la presión internacional difícilmente modificará de fondo la política migratoria estadounidense en el corto plazo. Estados Unidos ha demostrado, en múltiples ocasiones, una tendencia a minimizar o ignorar los compromisos internacionales cuando estos chocan con su agenda interna. La historia reciente está llena de ejemplos.
Sin embargo, eso no significa que la presión sea inútil. Tiene al menos tres efectos clave. Primero, visibiliza. Y en política, lo que no se ve, no existe. Segundo, documenta. Cada denuncia, cada expediente, construye un archivo que puede derivar en sanciones, recomendaciones o, al menos, en costos reputacionales. Tercero, articula. Permite que organizaciones, comunidades y gobiernos alineen esfuerzos en torno a una causa común.
Pero hay una pregunta más incómoda que no puede eludirse: ¿por qué el sistema permite que 68 mil personas —la mayoría sin antecedentes criminales— estén detenidas en condiciones que vulneran estándares mínimos? La respuesta apunta a un modelo de gestión migratoria que se ha vuelto rentable política y económicamente. La industria de la detención migratoria en Estados Unidos, en buena medida privatizada, opera con incentivos perversos: más detenciones significan más recursos, más contratos, más infraestructura. En ese contexto, la dignidad humana se convierte en un costo a reducir.
El uso de figuras como los llamados “cazarrecompensas” para ejecutar detenciones es particularmente alarmante. No sólo precariza la función pública, sino que diluye la responsabilidad institucional. Cuando la detención se terceriza, también se diluye la rendición de cuentas. Y en ese vacío es donde ocurren los abusos más graves.
Mientras tanto, el impacto no se limita a quienes están detenidos. Las #comunidadesmigrantes viven bajo un estado permanente de ansiedad. La amenaza de detención y deportación no sólo afecta a individuos, sino a familias enteras, a redes comunitarias, a economías locales que dependen del trabajo migrante. Es una política que no sólo controla cuerpos, sino que disciplina comunidades.
Lo más preocupante es la normalización. Que 14 muertes no generen una crisis política de mayor escala dice mucho del momento que vivimos. Se ha instalado una peligrosa tolerancia social hacia la violencia institucional cuando las víctimas son migrantes. Es una jerarquización implícita de vidas: algunas importan menos.
Frente a este panorama, la reacción de México no puede limitarse a la denuncia. Se requiere una estrategia integral que combine presión internacional, fortalecimiento de la red consular, acompañamiento legal efectivo y, sobre todo, una política de Estado que coloque la protección de sus ciudadanos en el exterior como una prioridad real, no discursiva.
También es momento de replantear la narrativa. La #migración no es una amenaza que deba contenerse, sino una realidad estructural que debe gestionarse con enfoque de derechos. Mientras esa premisa no cambie, los centros de detención seguirán siendo espacios de castigo encubierto.
Las 14 muertes bajo custodia del ICE no son el final de una historia. Son una advertencia. Una señal de hasta dónde puede degradarse un sistema cuando la política se impone sobre la dignidad humana. Ignorarla sería no sólo irresponsable, sino cómplice.
Porque al final, la pregunta no es cuántas muertes más serán necesarias para provocar un cambio. La pregunta es por qué, con catorce ya registradas, ese cambio aún no llega.
