Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Cinco días después de presentado el informe del Comité de Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas (CED), surge la respuesta de la presidenta de la república y la jefa de gobierno de la ciudad de México se cuelga también su medallita.
El tema dado a conocer el 2 de abril, jueves santo, pasó de mañana por “respeto religioso” o bien porque nadie lo había leído.
Por la tarde-noche se emitió el comunicado de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores refutando el contenido y acusando de “tendencioso” el contenido y la metodología y una falta de rigor jurídico.
La respuesta atribuida al encargado del despacho de la SRE y la titular de Gobernación, fue severamente criticado en redes sociales y provocó un choque entre la CNDH y la CDHCMX, además del silencio de los legisladores por estar de vacaciones.
Pero ayer fue el día… el día en que la presidenta personalmente descalificó el reporte y se despachó con la cuchara grande, aunque se diría de manera tardía. Porque en política no hay descansos ni días santos.
Dijo en su show matutino: “Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo en su primera declaración pública desde la publicación del informe de la CED, en la que defendió su compromiso ante la crisis de desaparecidos. El análisis del comité no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional.
Y descorrió un velo que podría generar discusiones globales y que recomendaciones anteriores a otros Estados sean minimizadas o bien ampliamente reconocidas.
La mandataria señaló que la CED no es un comité de la ONU, sino que está “vinculado a ella”, y destacó que su análisis “queda fuera” de la caracterización de la figura de la desaparición forzada del organismo internacional.
Colgándose la medallita sobrante de la Semana Santa, la jefa de gobierno arrancó de su ronco pecho la declaración: El Gobierno de la Ciudad de México expresa su respaldo al posicionamiento del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) de solicitar que se lleve la situación de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras activar el artículo 34 de la Convención en la materia.
Coincidiendo con los números, lo que es una coincidencia y en política no existente, la jefa de gobierno se colocó el chícharo en el oído izquierdo y repitió el guion: el informe del organismo internacional “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México”, sin reconocer los cambios implementados desde 2019 en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas.
Sin entrar en polémica, se advierte no han leído el informe y sospechosamente extraen solamente lo que ocurrió en el país entre 2009 -Felipe Calderón- y 2017-Enrique Peña- y ahí se corta el hilo de la información.
Se entendería que la presidenta, la gobernadora capitalina y la pléyade de repetidores, firmarán con sangre que a partir de diciembre de 2018 no se ha cometido una sola desaparición forzada o no.
Simplemente el delito se extinguió por decisión divina, como por arte de magia al igual que la reducción de la violencia, el secuestro, los homicidios dolosos y, para confirmar los datos en 2026, se presume la reducción del homicidio a cambio del aumento de desapariciones.
Una contradicción más.
Y habría que preguntar a la presidenta y a su jefa de gobierno de la CdMx si hay alguna respuesta a las desapariciones confirmadas en el rancho Izaguirre.
Por sus declaraciones, hayan sido por respeto a la religiosidad, se advierte que las dos ingresaron a la lista de las tardadas en responder.
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