POR SILVESTRE VILLEGAS REVUELTAS
La semana pasada, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la modificación en las formas como se van a escoger a los miembros de la Junta de Gobierno de la institución. Hasta el día de hoy, y de por lo menos de sesenta años atrás la Junta estuvo conformada por 15 personas. El Estatuto General de la Universidad, máximo corpus legal, señalaba que la composición de ella debería ser por académicos de amplio reconocimiento en el medio universitario y de la academia en general. Así llegaron eminentes abogados, ingenieros, médicos, antropólogos y de otras disciplinas, sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente a partir de la década de 1980, paulatinamente fueron integrándose a la Junta, exfuncionarios del gobierno federal, exfuncionarios de las dependencias universitarias, individuos que, aunque buenos profesionistas, estaban alejados de las dinámicas educativas de la UNAM pero cerca de los grupos políticos que ligados a diversas facultades como Derecho, Medicina o Ingeniería, empezaron a conformar un grupo selecto de individuos ligados o cercanos al poder en la Universidad, más precisamente a la rectoría y a los secretarios generales que despachan en la misma torre administrativa.
Desde aquellos años que coincidieron con los movimientos sindicales al interior de la institución y a los perenes movimientos estudiantiles, particularmente el CEU, de donde la actual presidenta Sheinbaum era pareja de uno de los líderes, arreciaron las críticas a las formas en cómo se elegían a las autoridades universitarias. Para los lectores es conveniente recordar que la Junta de Gobierno de la UNAM designa a directores de Facultades y Escuelas, a los directores de Institutos y Centros y al rector de la UNAM.
Las posiciones más radicales dentro de aquellos movimientos planteaban que fueran las comunidades estudiantiles, de académicos y de trabajadores administrativos, quienes por medio de voto popular eligieran a los directores de los planteles escolares. Otros más moderados sostenían que las comunidades, especialmente los académicos en Institutos y Centros, fueran ellos quienes conformaran las ternas de candidatos a la dirección, Y no como hoy todavía se estila, que son los coordinadores de Humanidades o Ciencias quienes envían quintentas o ternas para el rector de la UNAM tenga la libertad de definir a los terneros que se presentarán frente a la Junta de Gobierno.
Los radicales y los moderados insistían que en la UNAM, a partir de los años noventa, iba rezagada frente a los vientos democráticos que paulatinamente tomaban forma en las elecciones federales y estatales. Algunos y con razón temían al asambleísmo que acabó -momentáneamente- y hundió en peligrosas tormentas políticas a universidades como la de Sinaloa, Guerrero, Puebla y Morelos. Otros también no querían que fuera el Ejecutivo estatal quien nombrara al rector como en la Universidad de Guanajuato o a nivel federal al director del Instituto Politécnico Nacional. Lo cierto es que para los últimos veinte años aproximadamente, la Junta de Gobierno, y no creo equivocarme, se constituyó siempre por quince individuos afines, cercanos y cuates -más o menos- del rector en turno. Solamente, en un caso, mostraron independencia de miras frente a la elección de un director cercano al rector Juan Ramón de la Fuente.
Los miembros de la Junta de Gobierno recibían, y me consta porque muchas veces fui, como parte de la comisiones de académicos que apoyaban a un determinado candidato, para alguna dirección, con displicencia, grosería y hasta regañaban a los universitarios, cuando ellos ni siquiera tenían esa calidad. En la UNAM todos saben, a menos que sean tan parciales que no quieran ver la luz del día, que los miembros de la Junta de Gobierno son sangrones, no tan distinguidos y lo peor, muchas veces ligados a intereses inconfesables. El clientelismo es la norma de su accionar. Yo he dicho que la Junta de Gobierno de la UNAM es más peligrosa que los movimientos estudiantiles, porque éstos y sus paros duran meses o acaso un año como fue el CGH, en cambio las malas decisiones y errores de la Junta duran al menos cuatro años, muchas veces ocho, y las comunidades académicas pueden sufrir una fractura interna, de la cual no salen por décadas.
La reforma a la Junta que ha emprendido el rector Leonardo Lomelí es interesante porque, al menos formalmente busca “equilibrar” a la Junta, al concebir que deben integrarse representantes de las diversas áreas de conocimiento: humanidades, ciencias sociales, ciencias médicas, ingenierías, artes; y no como es en la actualidad, un coto de favoritos con sobre-representación de algunas áreas. Asimismo, la reforma busca integrar a miembros del personal que nunca se les ha tomado en cuenta: los docentes preparatorianos y el personal de los técnicos académicos. Las candidaturas votadas popularmente deberán pasar por el visto bueno de los Consejos Académicos de Áreas, y allí es donde, hoy, yo encuentro el cuello de botella, porque los integrantes de dichos consejos, especialmente sus coordinadores y los directores, son tan independientes como Marco Rubio frente a Donald Trump. Admito que es un buen paso y necesario para la UNAM, porque las designaciones de las autoridades universitarias ya se habían convertido en operas ya cantadas. Hago votos porque la reforma vaya en buen sentido, y para que esto sea posible es necesario que el rector y la comunidad universitaria, cada quien en su órbita, se comprometan a TRANSPARENTAR los procesos de quienes formarán parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.
