POR MTRO. LUIS ARMANDO CARRANZA CAMARENA
Ciudad de México, de marzo de 2026.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa su iniciativa de reforma político-electoral a finales de febrero, pocos anticiparon que el primer obstáculo legislativo de su gobierno surgiría tan pronto y, especialmente, de manos de sus tradicionales aliados. El 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta constitucional ante la ausencia de una mayoría calificada: los 259 votos favorables de Morena y unos cuantos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no fueron suficientes ante los 234 en contra, donde se alinearon el Partido del Trabajo (PT), la mayoría del PVEM y el bloque opositor clásico (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano). Una abstención del Verde selló la derrota. Por primera vez desde 2018, los partidos “satélite” de la Cuarta Transformación actuaron como verdaderos jugadores de veto.
La reforma, apodada “Decálogo por la Democracia”, tenía como objetivo profundizar la austeridad republicana y democratizar la representación política. Entre sus puntos clave destacaban: recorte al financiamiento público de partidos (reduciendo la fórmula del 65 % al 48.5 % del valor de la UMA por elector y un ahorro estimado de casi 2 000 millones de pesos anuales); eliminación de listas plurinominales cerradas en el Senado y su reducción de 128 a 96 escaños; reconfiguración en la Cámara de Diputados con listas abiertas estatales, incluyendo representación migrante; fusión del INE y los OPLE; endurecimiento de la fiscalización y unificación de fechas para consultas ciudadanas y elecciones. El mensaje era claro: menos poder para las cúpulas, más recursos para programas sociales y una democracia donde los legisladores realmente hagan campaña.
Sin embargo, PT y PVEM vieron en estos cambios una amenaza a su existencia política. Para partidos pequeños, dependientes del financiamiento público y de las plurinominales, la propuesta era percibida como un ajuste de cuentas. El PT argumentó que implicaba un “retroceso democrático” y defendió a las minorías. El Verde, fiel a su pragmatismo, habló de diálogo, pero finalmente votó en contra. Sheinbaum optó por la mesura y evitó la confrontación directa, señalando que eran “puntos de vista distintos” y trasladando la decisión sobre las coaliciones de 2027 a Morena.
Paralelamente, activó el llamado Plan B.
El Plan B, consistente en reformas a leyes secundarias y presupuestales que no requieren mayoría calificada, se convirtió en el mecanismo de recomposición. Entre el 14 y el 16 de marzo, tras negociaciones en la Secretaría de Gobernación, Morena, PT y PVEM cerraron filas y sus senadores anunciaron “apoyo total e incondicional” a la presidenta. El nuevo enfoque planteó austeridad selectiva sin tocar directamente las listas plurinominales ni el financiamiento base: límites a regidurías, recortes a presupuestos de congresos locales y ayuntamientos, reorientación de recursos a obras públicas y programas sociales, y topes salariales a dirigentes partidistas. El ahorro estimado rondaba los 4 000 millones de pesos.
El 26 de marzo, el Senado aprobó el Plan B con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando una mayoría calificada, aunque no exenta de concesiones. El PT logró eliminar la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027, que se mantendrá en 2028 como establece la Constitución. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados. Sheinbaum enfatizó que “la gente lo va a ver” y que el pueblo juzgará las posturas de PT y PVEM, dejando claro que la 4T no renuncia a sus principios, pero tampoco depende de aliados incómodos.
Este episodio expuso la naturaleza transaccional de la coalición Morena-PT-PVEM, vigente desde 2018. PT y PVEM aportaban votos a cambio de cuotas de poder y candidaturas. Cuando la reforma amenazó sus prerrogativas, prefirieron priorizar su supervivencia sobre la lealtad. No fue traición, sino cálculo racional: sin esas herramientas, arriesgan desaparecer o volverse irrelevantes electoralmente.
El costo reputacional de PT y PVEM fue elevado; el rechazo digital en redes superó el 70-80 % en plataformas como X y TikTok. Morena, por su parte, capitalizó la narrativa como defensor del pueblo frente a “los vividores de la política”. Sheinbaum ganó margen para negociar futuras alianzas, y Morena ahora define los términos de la colaboración.
El surgimiento de una “nueva oposición interna” no significó una ruptura definitiva. PT y PVEM ratificaron su permanencia en la coalición rumbo a 2027 y 2030, y el Plan B evitó una fractura mayor, aunque marcó el fin de la luna de miel legislativa. La supermayoría ya no es monolítica y los aliados pequeños han probado tener capacidad de veto en temas de su interés, anticipando futuras tensiones en la repartición de candidaturas y presupuestos.
El debate de fondo gira en torno a los límites de la austeridad republicana sin afectar la pluralidad democrática. Los críticos sostienen que los recortes podrían debilitar la representación de minorías y fortalecer el presidencialismo. Los defensores consideran que es un paso necesario para eliminar privilegios y redirigir recursos hacia prioridades sociales. Para Sheinbaum, se trata de “menos privilegios, más democracia participativa”.
Lo sucedido en marzo de 2026 refleja la madurez y tensiones de un movimiento que ha dejado de ser insurgente para convertirse en gobernante. La Cuarta Transformación entra en una etapa más plural, negociada y pragmática. Morena emerge fortalecida, PT y PVEM dejan claro que no son simples apéndices, sino actores con intereses propios.
La verdadera prueba será en las elecciones de 2027: ¿habrá coalición condicionada o Morena irá en solitario? El escenario ha cambiado y será el pueblo quien, como repite la presidenta, “los reconocerá en las urnas”. Mientras tanto, el Plan B avanza en el Congreso y su aprobación definitiva no solo redefinirá el financiamiento y la organización electoral, sino que también marcará el tono de la 4T en los próximos años: una transformación más austera, consciente de que el poder absoluto no existe ni siquiera dentro de la propia casa.
