*Los Tres Escenarios que Imponen Reglas y
Controles en Chiapas
*Control y Cobro por Movimiento de Personas,
el Rentable Negocio
*Grupos Criminales Extranjeros en Enfrentamientos
y Desplazamientos
*Presentes MS-13, Barrio 18, Los Huistas, Tren de Aragua
y la Mara Salvatrucha
CARLOS BARRACHINA LISÓN Y LUZ CELINA CAMARENA ROMERO
La violencia en Chiapas entre 2015 y 2025 no se entiende sólo por la cifra de homicidios, sino por una combinación de situaciones, que han disparado la percepción de inseguridad, especialmente a partir del 2021 y que están relacionadas con el control territorial, las economías ilegales y la crisis de confianza de las instituciones de seguridad.
Esta violencia se concreta en una cifra moderada de homicidios, en un número importante de desaparecidos y extorsionados, así como en dinámicas habituales de cobro de derecho de piso.
Las tasas de homicidios, tanto si miramos las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, como del INEGI, no superan el 20 por cien mil; a pesar de que sí los rebasan, en diferentes momentos, algunos municipios a lo largo de toda la geografía del Estado como Arriaga, Benemérito de las Américas, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán, Frontera Hidalgo, Huixtla, Mapastepec, Ocozocuatla, Palenque, Tapachula, Tonalá o Villaflores.
Es preocupante, sin embargo, el aumento de personas desaparecidas desde el año 2021 a la fecha, que concentran el 88% de un universo de 1,716 desde el 2015 (especialmente en el año 2024).
En Chiapas se mezclan tres escenarios de violencia. Por una parte, el primero es el que se encuentra en ciudades intermedias, con presencia notable del Estado, en donde los grupos de crimen organizado están presentes y desarrollan actividades. La violencia es moderada, pero en determinadas momentos y áreas, ésta se puede disparar. Tuxtla y San Cristóbal de las Casas se encuentran en este escenario; pero también entrarían en la categoría ciudades con niveles ligeramente más altos de violencia como Tapachula, Huixtla, y las cabeceras de los municipios que se señalaron anteriormente, que en ocasiones pueden superar la tasa de 20 por cien mil.
Un segundo escenario, es aquel que es rural y en dónde la presencia del crimen organizado es dominante. En esos casos los grupos controlan todo el territorio y la vida de las personas (lo que hace que sea muy difícil distinguir de una zona pacífica, porque el crimen organizado es la autoridad real).
El tercer escenario en el que se presentan las mismas circunstancias, pero en donde en momentos puntuales, o más extendidos en el tiempo, se pelean grupos del crimen organizado. Si el enfrentamiento es intenso las tasas de homicidios pueden levantarse mucho, como en algunas ocasiones ha pasado en Benemérito de las Américas, Frontera Hidalgo, o en otras localidades alejadas de los centros urbanos.
RENTABLE NEGOCIO PARA EL
CRIMEN: CONTROL DE PERSONAS
En 2019, México blindó la frontera sur ante presiones de Estados Unidos para frenar el paso de migrantes. Al cerrarse el tránsito para quienes no tenían redes de apoyo, el crimen organizado encontró un negocio muy rentable: controlar y cobrar por el movimiento de personas. Ello provocó que a partir de 2021 se disparara la llegada de venezolanos, haitianos; así como de asiáticos y africanos. Ese flujo, mediado por estructuras criminales, intensificó la disputa por distintas zonas del estado, y se encuentra detrás del aumento de la violencia en Chiapas. A partir de este momento la entidad deja de ser vista solo como un estado con problemas aislados y pasa a explicarse como territorio en disputa.
En Chiapas la violencia se manifiesta en la pelea por corredores y rentas, definiendo quién controla rutas, pasos y flujos de mercancías, migración, drogas y armas (especialmente en el Soconusco, en la zona Selva-Frontera, y en la carretera desde Huiztla a Arriaga). También en los reacomodos que se producen tras capturas y operativos, que generan bloqueos, quema de vehículos y ponchallantas como reacción a detenciones (en el triángulo Ocozocuatla, Cintalapa y Villaflores). Existe, como se ha señalado, una violencia directamente asociada a la migración y a economías de extorsión, que desarrolla secuestros y cobros sistemáticos como parte del negocio.
La gobernanza criminal sobre varios territorios se ha manifestado, en la infiltración local y en detenciones masivas de policías municipales como síntoma de fragilidad institucional. La detención de 92 policías en Comitán en 2024, 98 en Tonalá en febrero del 2025, 7 en Frontera Comalapa en julio de 2025, y de 59 en Cintalapa en agosto de 2025, así como de Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de este ayuntamiento en enero del 2026 (en enero de 2025 también se detiene a José Antonio Villatoro Herrera, alcalde interino de Frontera Comalapa) son una evidencia de ello, y muestran la intención política del actual gobierno de Chiapas de enfrentar a grupos de la delincuencia organizada.
En los últimos años se percibe una clara disputa entre el Cártel de Sinaloa (que tiene una presencia tradicional en Chiapas) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cartel Chiapas-Guatemala), especialmente en la franja fronteriza y rutas hacia el interior. Ello se combina con la presencia de pandillas como MS-13 y Barrio 18 en municipios como Tapachula y Huiztla (extorsionando a transportistas, a comercios locales y a migrantes)
La percepción de inseguridad en el estado se disparó por el terror que creo en San Cristóbal de las Casas el grupo “Los Motonetos”, relacionado con CJNG, entre 2022 y 2025. Este grupo no aumentó significativamente el número de homicidios, pero sí afectó la imagen pacífica del polo turístico. “Los Motonetos” alteraron el control territorial micro local, impulsando prácticas de extorsión en mercados y barrios. El asesinato del padre Marcelo Pérez el 20 octubre 2024 levantó todavía más las alertas públicas, hasta que se produjo la detención de Héctor “N” “El Chesman” el 23 octubre del 2025, que fue señalado como presunto líder del grupo y vinculado por delitos extorsión y al caso del asesinato del sacerdote.
Otro evento que levantó las alertas de la opinión pública y la percepción de inseguridad en Chiapas en 2024 fue el desplazamiento forzado de personas de la zona fronteriza chiapaneca hacia Guatemala, como consecuencia de los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado (que no quedan plasmados de forma evidente en el aumento de homicidios, pero sí en el de los desaparecidos). A esta situación de alarma de inseguridad se suma el 5 de enero del 2024 el asesinato de David Rey González, candidato a presidente Municipal en Suchiate y después en mayo el de Nicolás Noriega, candidato a la presidencia municipal de Mapastepec, con parte de su equipo de campaña.
A partir de finales de 2024 el actual gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, que fue presidente municipal de Comitán en el periodo 2008–2010, (uno de los puntos de purga policial) crea la fuerza de reacción rápida conocida como los “Pakales”. Esta fuerza ha sido cuestionada por exceso de uso de la fuerza y ha participado en un buen número de detenciones desde su conformación.
Previo a la toma de protesta de Ramírez Aguilar el Ejército Mexicano había detenido en agosto del 2024 a 13 integrantes del grupo “Los Enterradores” ligado al Cártel de Sinaloa, y un mes después a otra cédula del mismo grupo en Frontera Hidalgo.
Ya operando el grupo de reacción rápida, a finales de diciembre del 2024 encuentran 25 fosas clandestinas en Palenque y la Concordia. En febrero y marzo 2025 se detiene a varios líderes y miembros de la organización criminal «El Maíz», grupo señalado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la Sierra y Frontera Comalapa. En marzo del 2025 se detiene en Comitán a Aler Baldomero Samayoa “La Chicharra”, líder del grupo guatemalteco Los Huistas (relacionado con Sinaloa). En octubre de 2025 en el triángulo Ocozocuatla-Cintalapa-Villaflores se captura a Juan Manuel Valdovinos Mendoza (“El Señor de los Caballos”), “líder regional” del CJNG (Cartel Chiapas-Guatemala), lo que como se ha señalado, produjo diferentes alteraciones del orden público en la zona. El 22 de febrero del 2026, 15 integrantes del Cartel de Sinaloa, y otros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha fueron detenidos en Tapachula. También en febrero del 2026 en Ocozocuatla se reporta la detención de Hugo Alexis “N” (“El Espíritu”) operador de una estructura criminal vinculada al CJNG.
Oscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, ha sido evidenciado, hace unos días en El Universal, por tener una colección de autos lujosos, y también ha sido señalado por tener posibles nexos con el crimen organizado. Esta misma idea se había manejado hace unos años cuando fue director de Seguridad Pública en Tulum (Quintana Roo).
El gobernador dice que son ataques políticos sin fundamento, y respuestas de gente que está siendo afectada por lo que está sucediendo, ante la presencia activa sobre el terreno de los grupos policiales de operación rápida, y las detenciones de delincuentes.
Es todavía demasiado pronto para valorar si todas estas acciones que han afectado a corporaciones policiales municipales, presidentes municipales e integrantes en activo del crimen organizado tienen resultados positivos en la reducción de la violencia en Chiapas. Un análisis más a fondo debe comprender si ello está afectando/desequilibrando la lucha que tienen entre sí los grupos del crimen organizado, o si estos están siendo afectados por igual por la actuación de la policía estatal, las fuerzas federales; o las políticas estadounidenses de limitación del paso de migrantes, y de combate contra los grupos del crimen organizado.
Una conclusión comparada preliminar sí nos permite afirmar dos cosas. La primera es que la violencia que se ha desatado desde el 2021 en Chiapas, a pesar de las alarmas sociales, no alcanza todavía los niveles de violencia homicida extrema que se vive en Tabasco o Quintana Roo, o en otras entidades federativas del país. La segunda, es que la manipulación de la información, relacionada con los homicidios, aparentemente es poco importante. Ello lo podemos afirmar porque del análisis municipal de los datos de homicidio tanto del SESNSP como del INEGI del 2015 al 2025, no se encuentran evidencias de irregularidades o saltos extraordinarios de información. Las dos bases presentan datos muy similares.
Investigador en El Colegio de la Frontera Sur
Doctorante en la Universidad de Salamanca.
