37 organizaciones civiles y ambientalistas acusaron que el derrame petrolero que actualmente afecta al Golfo de México habría iniciado entre el 11 y 17 de febrero, pero las autoridades mexicanas fueron opacas al no advertir de él, además de no haber actuado adecuadamente para contener la emergencia.
En un comunicado con fecha del miércoles 25 de marzo acusan “conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial”. De acuerdo con el análisis de imágenes satelitales presentado por las organizaciones, el vertido provendría de embarcación cercana a la plataforma Abkatún, alcanzando una extensión de 50 kilómetros cuadrados.
El documento detalla que, aunque entre el 6 y el 10 de febrero se detectó una embarcación en la zona donde “habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas”, la descarga se intensificó a partir del 11 de febrero.
Para el 13 de febrero, el informe indica que “al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención”, lo cual, según las organizaciones, confirma que “las autoridades tenían conocimiento temprano” del siniestro.
El texto subraya que estas acciones resultaron “insuficientes ante la magnitud del incidente”.
Las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica, sostienen que el manejo del derrame ignoró los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) vigente desde 2023.
“Ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas”, afirman.
Añaden que debido a la dispersión provocada por corrientes marinas y condiciones meteorológicas, los residuos habrían llegado a las costas de Tabasco y Veracruz de forma “gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas”.
Ante esta situación, los firmantes exigen a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que expliquen por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta y que identifiquen a la empresa responsable, bajo el principio de que “el que contamina paga”.
Finalmente, el pronunciamiento reitera la “urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética justa” para evitar la repetición de estos desastres, argumentando que los planes de extracción en aguas profundas son una “garantía de que se repitan sucesos como este”.
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