Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Desde que la mal llamada violencia política en razón de género (VPG) se interpreta como una regla aplicable a todas las expresiones hechas públicas, se han multiplicado los puritanos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado del tribual, se expone:
La protección a la libertad de expresión se extiende no sólo a la información, sino a la crítica incómoda; la ciudadanía no puede cometer calumnia.
Y propone: Usuarios de redes sociales estarán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG del INE
En lo que podría estimarse como criterios diferenciados, para el magistrado Felipe Alfredo Fuentes propuso es la inexistente la calumnia, ya que la ciudadanía no puede ser sancionada por ese ilícito al ser necesario acreditar complicidad con algún partido o candidatura, lo cual no ocurrió en la queja presentada.
Sin embargo, la Sala Superior confirmó la VPG denunciada por la recurrente, acreditada en diversas publicaciones de redes sociales durante la pasada elección del Poder Judicial de la Federación por lo que ordenó la aplicación de las medidas correspondientes para la reparación del daño.
Aunque reconocen los magistrados que no fue posible identificar ni localizar a la persona responsable de las publicaciones de las cuentas o usuarios @jenn.ni7 y Patrizio Za So, a pesar de las múltiples investigaciones, ello no impide al TEPJF emitir una sentencia declarativa que vincule al Instituto Nacional Electoral como responsable del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG, para que realice los ajustes necesarios a fin de inscribir a aquellos perfiles o usuarios cuya titularidad sea indeterminable.
“La proliferación de cuentas falsas, automatizadas o seudónimas en plataformas digitales -conocidas como bots, trolls o sockpuppets- ha dejado de ser un fenómeno meramente técnico o teórico y resulta un problema jurídico que exige una solución”, señala la sentencia aprobada.
Digamos que los y las magistradas no han descubierto el hilo negro y tampoco el agua tibia. De los actuales integrantes de la Sala Superior, permanecen 3 de los que vienen del pasado y permitieron que desde la Presidencia de la República se crearan “granjas cibernéticas” desde las cuales se lanzaron campañas dirigidas a denostar a los adversarios de la 4t.
Por lo que sea sabe, con la salvedad de China, no hay regulaciones jurídicas para el uso de las redes sociales. Se ha intentado legislar sobre el tema, pero al parecer los congresistas de todos los países democráticos temen la reacción de los cibernautas.
Hace poco menos de un año, la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández Mora una denuncia ante el INE acusando a Ricardo Salinas Pliego de ejercer violencia política en razón de género y su exigencia no prosperó porque, justamente, los ciudadanos no son parte del universo electoral.
El rechazo produjo reacciones contrarias, por supuesto, y se dejó sentada la sentencia que, en su momento, podría servir para iniciar o desechar en definitiva la regulación en las redes sociales.
Probablemente las redes son los únicos espacios en donde la libertad de expresión no tiene límites de ninguna especie.
Debido a ello, el universo de usuarios, aprovechan sus espacios para lanzar críticas que, en efecto, rebasan lo hasta ahora conocido. Sin embargo, no cometen ningún delito y más si sus comentarios están dirigidos a los políticos que, empoderados, suponen estar por encima de los ciudadanos cuando sus funciones los colocan por debajo.
Si la propuesta de la Sala Superior prospera y los sumisos legisladores del oficialismo argumentarán que “los ciudadanos lo piden” y son capaces de encontrar la cuadratura al círculo y hacer leyes sobre el particular.
No debería extrañar, cuando los ciudadanos perdemos libertades por el abuso de poder ejercido desde Palacio Nacional -o por lo menos ahí sale el mensaje que proviene de fuera- y que tiene el tufo de la autocracia y envenena la democracia.
