Por Rafael Navarro Barrón
Brighite Granados, es la polémica y poco representativa presidenta estatal de Morena. Su palabra de advertencia, traducido por ella misma como ‘exhorto’, está dirigida a los precandidatos de ese partido a los que les pide que «no busquen zafarse de las (nuevas) reglas» que anunció el Consejo nacional y “eviten actos anticipados de campaña”.
Advirtió que cualquier actividad dudosa será turnada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para determinar posibles faltas. Pero todos los morenistas saben que esa ‘comisión’ es omisa, tibia y solapadora.
En un momento álgido y radicalmente dividido, la dirigencia de Morena insistió en que el respeto a estos lineamientos es fundamental para mantener la cohesión del movimiento en el estado.
Pero el problema es más profundo y no se supera con llamadas de atención y advertencias. En el Estado de Chihuahua el encono morenista pudiera encajar en una patología política, si el término lo permite.
Hay visibles excesos en el gasto de propaganda política de los principales aspirantes a la gubernatura. El adjetivo que embona en esta extralimitación podría ser el descaro.
Los excesivos gastos en propaganda política no provienen de los últimos meses, sino de los cinco años anteriores.
En las aproximaciones políticas y periodísticas, se establece que los recursos utilizados por los aspirantes Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de ciudad Juárez y Andrea Chávez, senadora de la república, ambos de Morena, provienen de fuentes diversas, hasta del narcotráfico y la corrupción oficial, en la mayoría de los casos.
La reunión más reciente del Consejo Nacional de Morena se celebró el sábado 7 de marzo. Fue la Séptima Sesión Ordinaria; 287 consejeros nacionales definieron la ruta crítica para las elecciones de 2027.
El Consejo aprobó los lineamientos y el calendario para seleccionar a quienes buscarán candidaturas en las elecciones de 2027. Estas disposiciones se centran en evitar el nepotismo, garantizar la paridad de género y regular el gasto de campaña.
La senadora Andrea Chávez ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y actos anticipados de campaña, calificándolas como una «persecución política» y una «guerra sucia» orquestada por el Partido Acción Nacional y el gobierno estatal de Chihuahua.
Respecto a las unidades médicas móviles rotuladas con su imagen, valuadas en millones de pesos, Chávez ha declarado que no utiliza recursos públicos. Afirma que se trata de una «campaña de salud donada por empresarios» y que estos servicios son gratuitos para la ciudadanía, por lo que considera los ataques como un intento de la oposición de «impedir que lleve salud a las colonias».
Ante las denuncias por actos anticipados de campaña para la gubernatura de 2027, ha sostenido que no ha cometido ninguna ilegalidad. Argumenta que la ley solo tipifica actos anticipados una vez iniciado el proceso electoral oficial, el cual comienza formalmente a finales de 2026.
Ha tildado las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) como un «circo» y una manipulación mediática. Sostiene que el PAN miente para ocultar la supuesta corrupción y falta de obra pública del gobierno estatal actual.
Tras resoluciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que le ordenaron retirar su nombre e imagen de las unidades médicas para garantizar la equidad, la senadora afirmó que acataría la instrucción, instruyendo a su equipo a retirar la publicidad, pero defendió su derecho a seguir gestionando los servicios de salud.
Recientemente, en marzo de 2026, encabezó un «contrainforme» en Chihuahua capital, donde reafirmó que no tiene miedo a los ataques y que «no podrán detener la primavera chihuahuense».
Andrea Chávez declaró que no se siente responsable de que Morena haya prohibido los actos anticipados de campaña y el nepotismo.
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha adoptado una postura de confrontación directa ante las múltiples acusaciones de corrupción y desvío de recursos, calificándolas sistemáticamente como una estrategia política de sus opositores para frenar su carrera hacia la gubernatura en 2027.
Pérez Cuéllar sostiene que las denuncias presentadas por el PAN y las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción tienen un trasfondo «electorero» y «desesperado». Ha señalado específicamente a figuras como la gobernadora
Maru Campos y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, de orquestar campañas de difamación en su contra.
Como respuesta a los señalamientos de corrupción en su administración, el alcalde ha lanzado acusaciones contra la dirigencia estatal del PAN, específicamente contra Daniela Álvarez, quien se refiere al presidente municipal como “el alcalde de la corrupción”.
La dirigente partidista afirma que ha descubierto una «red de nepotismo» dentro de ese partido.
Ante del aseguramiento de propiedades en el fraccionamiento El Campestre, uno de los más exclusivos de la frontera, lo que originó que al alcalde se le acusara de presunto enriquecimiento ilícito, el edil ha manifestado que se trata de un acto de intimidación.
Ha defendido la legalidad de su patrimonio y ha analizado presentar demandas por «daño moral» contra los medios de comunicación y actores políticos que difundieron información sobre sus bienes.
Sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de $150 millones de pesos, el alcalde suele desestimar los reportes en sus conferencias de prensa semanales, argumentando que su administración ha cumplido con la transparencia y que los ataques son «infantiles» desde el punto de vista de estatura política.
En resumen, la respuesta del alcalde no ha sido la de una defensa técnica detallada en medios, sino una ofensiva política, devolviendo las acusaciones a sus críticos y presentándose como víctima de un sistema que busca impedir la llegada de Morena a la gubernatura del estado.
El proceso interno comenzará con el registro de aspirantes a «coordinadores», figuras que posteriormente suelen convertirse en los candidatos oficiales.
El 22 de junio de 2026 inicia el registro para aspirantes a las 17 gubernaturas que se renovarán. Para asegurar un «piso parejo», el partido estableció candados estrictos para todos los participantes por ejemplo no se permite el uso de espectaculares, anuncios en redes sociales pagados, ni publicidad en medios masivos.
Y queda estrictamente prohibido el uso de recursos públicos y la entrega de cualquier tipo de apoyo material (despensas, electrodomésticos, etc.) para ganar simpatías.
En el Estado de Chihuahua, el costo de colocar un anuncio espectacular varía significativamente según el formato, la tecnología y la ubicación estratégica. Un Espectacular Estándar oscila entre $20,000 y $30,000 MXN al mes; un Premium, en zonas de muy alto tráfico, que es donde abundan los espectaculares de los aspirantes de Morena tienen costos que van de los $35,000 a los $44,000 pesos mensuales.
Las pantallas digitales, en un precio estándar en Ciudad Juárez comienzan desde los $44,000 pesos por mes. Las agencias ofrecen paquetes por 1, 3, 6 o 12 meses. Contratos a largo plazo o paquetes que combinan varios formatos pueden superar los $100,000 pesos mensuales.
Además de la renta del espacio, se deben considerar los costos de impresión en vinil o lona y el montaje, que pueden variar según el proveedor.
Tan solo en el último año, en lo que se refiere a gastos de redes sociales, espectaculares, medios de comunicación, bardas donde estampan los nombres de los precandidatos, enseres, giras por el Estado, donación de artículos, los precandidatos han gastado poco más de 500 millones de pesos en el último año.
Aquí la gran pregunta es: ¿de dónde han salido todos esos recursos?
