Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Con marcadas deficiencias, presionada desde otros poderes y con titulares que optaron por ser complacientes con el Ejecutivo federal, los estatales y hasta los municipales, lo que nació como un órgano con autoridad para revisar el destino de los recursos públicos y su legal comprobación, está en vías de ser parte de la red contralada y centralizada en Palacio Nacional.
En la última entrega que hace el actual auditor. David Colmenares Páramo, se intentó dignificar a la institución y marcar con “claridad” que, en la Cuenta Pública de 2024, el cierre de gobierno de Andrés Manuel López -ignoro si los últimos tres meses de ese año están contabilizados, porque legalmente corresponden a un nuevo gobierno- se detectó que 65 mil millones de pesos no están debidamente comprobados y, ¡oh sorpresa! la mayoría del dinero observado fue ejecutado por alcaldías en el país.
En tratándose de un Presupuesto de Egresos de 9 billones 066 mil 046 millones de pesos, se antoja poco creíble que solamente se hayan encontrado en las auditorías forenses de la ASF 65 mil millones observados.
Se dirá que las obras del gobierno federal, las icónicas, Tren Maya, Refinería Olmeca y Transístmico, además de las empresas creadas por las fuerzas castrenses, están resguardadas por la Ley de Seguridad Nacional y otras “reservadas” por entre 6 y 9 años y por tanto no son auditables.
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López y en la revisión de su primera Cuenta Pública correspondiente a 2019, el auditor reveló que la destrucción del NAIM representó pérdidas al erario federal por 300 mil millones de pesos, más el adeudo de los bonos que se ofertaron para cubrir parte de la majestuosa obra.
La respuesta presidencial fue devastadora. El entonces presidente desmintió al auditor Colmenares y lo acusó de mentir, de manipular las cifras y que los “otros datos” revelan la verdad y no coincidían con los del oaxaqueño.
El auditor, quien pretende ser reelecto para un segundo periodo -algo descartado en la Cámara de Diputados-, reculó de su afirmación y virtualmente concedió la razón al huésped temporal de Palacio Nacional.
Desde entonces, los informes de las Cuentas Públicas son cuidadosos en cuando la exhibición de recursos públicos federales no comprobados adecuadamente.
Con esta última entrega el auditor general termina legalmente con su responsabilidad. Ya se emitió la convocatoria para que en los siguientes 9 días se inscriban todos aquellos que aspiren a ocupar el cargo.
Sin demérito de la capacidad que tenga o no Colmenares Páramo -la demostrada deja mucho que desear-, se advierte el enorme riesgo de que quien llegue a sucederlo responda a los intereses del Ejecutivo federal, del movimiento oficialista y que sepulte el órgano que de alguna manera aba transparencia en el gasto público federalizado.
Como dato revelador, hay que señalar que la creación de la Auditoría Superior de la Federación es una adecuación de la Contaduría Mayor de Cuentas establecida en la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz.
Desde entonces se pulsó que los mexicanos no estaban exentos de las tropelías heredadas de los conquistadores,
En su etapa moderna, la función de la Auditoria Superior de la Federación es luchar hasta vencer a la “corrupción”, que, como luchadora enmascarada, desorienta a los auditores que no hallan el camino por el cual transitar para cumplir con el cometido constitucional.
El papel de David Colmenares Páramo se arruga ante el reclamo de quien propició el desmedido crecimiento de la corrupción, de la impunidad y del uso de recursos públicos para fines personales o de grupo político-criminal.
Como fuere, “observar” solamente 65 mil millones del PEF por no estar debidamente documentado el gasto, no deja de ser una más de las burlas políticas hacia los ciudadanos.
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