POR ALBERTO F. MENA MALLEN
¿Logrará Claudia Sheinbaum fortalecer la gobernabilidad y legitimidad de su gobierno?
Hay indicios de que poco a poco avanza en ello.
Pero, los problemas que la misma 4t ha provocado, le ponen muchas piedras en el camino.
La violencia es un factor importante y el talón de Aquiles de la 4T: no ha destruido su legitimidad política, pero sí la ha erosionado, y representa el mayor obstáculo para consolidar una gobernabilidad plena.
Aunado a ello, las mentiras que a diario se propagan, generan desconfianza en un gobierno que la pierde con los días en el pueblo “bueno y sabio”.
Sin olvidar las patadas bajo la mesa que aumentan entre la clase gobernante y política de Morena, donde nadie tiene escapatoria, sobre todo porque la mayoría tiene una gran cola que le pisen y que ahora pretenden esconder a como dé lugar sin encontrar un sitio adecuado para ello.
La violencia en México ha tenido un impacto directo en la gobernabilidad y la legitimidad del gobierno de la Cuarta Transformación (Deformación), ya que incide en el debilitamiento institucional al persistir altos niveles de homicidios, -aunque ya decretaron que su número se ha reducido en los últimos meses, pero no concatenan con los desaparecidos que sí se incrementan-, limita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y orden.
Además, hay desafíos en políticas públicas ya que obliga el destinar recursos extraordinarios a la seguridad, lo que reduce el margen para otras áreas como salud o educación. La estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido criticada por opositores, generando polarización y cuestionamientos sobre la eficacia gubernamental y tratan de corregirla sin mucho éxito hasta ahora.
El impacto en la Legitimidad se traduce en la percepción ciudadana al mantener una en materia electoral por su respaldo popular, pero la violencia erosiona la confianza en la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de paz
Las mentiras o narrativas poco transparentes dentro de la 4t tienen efectos directos en la gobernabilidad de México, y distintos analistas lo han señalado desde ángulos opuestos: hay desconfianza ciudadana porque el discurso oficial minimiza problemas o niega hechos evidentes, se erosiona la credibilidad del gobierno, lo que se puede traducir en menor participación ciudadana y mayor escepticismo hacia las instituciones, lo que dificulta la construcción de consensos necesarios para gobernar de manera estable.
Hay un debilitamiento institucional porque si las mentiras encubren prácticas como corrupción, clientelismo o nepotismo, las instituciones pierden autonomía y capacidad de control. Esto afecta la transparencia y la rendición de cuentas, lo que poco les importa. También hay efectos en políticas públicas porque la manipulación de datos sobre pobreza, seguridad o economía puede llevar a decisiones basadas en diagnósticos erróneos, lo que limita la eficacia de las políticas y genera frustración social, lo que actualmente sucede y lo que se refleja en demandas de la población que aumentan hacia el gobierno.
La impunidad y la percepción de protección hacia posibles infractores dentro de la 4T, particularmente bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, tienen efectos claros en la gobernabilidad y credibilidad del proyecto político. Hay un debilitamiento del estado de derecho porque cuando se percibe que ciertos actores cercanos al poder no enfrentan consecuencias, se erosiona la capacidad del gobierno para aplicar la ley de manera imparcial, esto genera un sistema desigual que mina la autoridad institucional.
La impunidad alimenta la frustración ciudadana, especialmente en temas sensibles como corrupción, violencia o inseguridad. Esto puede derivar en protestas, pérdida de confianza y mayor polarización. Aunque Sheinbaum afirma que “en la 4T no hay cabida para la corrupción”, los escándalos y contradicciones recientes han puesto en duda esa narrativa, mostrando un desfase entre el ideal transformador y la realidad.
Se da igualmente un desgaste del proyecto político. La 4T nació con la promesa de erradicar la corrupción y dignificar la política, pero la percepción de impunidad debilita esa legitimidad. Esto afecta la confianza de sectores que inicialmente apoyaban el movimiento. Si la ciudadanía percibe que la justicia se aplica selectivamente, la credibilidad del liderazgo se erosiona y se abre espacio para narrativas opositoras que cuestionan la viabilidad del proyecto.
Un gobierno puede ser legítimo (electo democráticamente) pero tener dificultades para gobernar si enfrenta oposición fuerte o crisis institucional. Un régimen autoritario puede mantener el control y tomar decisiones eficaces, pero sin el respaldo moral o democrático de la población. Ante ello, es importante considerar dentro de la reforma electoral que pretende la mandataria la realización de una segunda vuelta para reforzar la legitimidad del presidente, asegurando que tenga mayoría absoluta.
La gobernabilidad también depende de factores como el control del Congreso, la estabilidad institucional y la capacidad de negociación política. El primero y el segundo ya lo tienen, pero la capacidad de negociación política ha desaparecido del ámbito político, al considerar Morena que la oposición en México no existe o está muy débil, pero mientras no se considere ni a los ciudadanos, la gobernabilidad penderá de un hilo.
Está pendiente lo que hará Donald Trump, que un día sí y otro también amenaza con enviar tropas militares a combatir a los narcos, por lo que las presiones aumentan sobre todo para que México entregue a narcopolíticos que siguen disfrutando de las mieles de la corrupción que protege el gobierno.
Cabe recordar que la segunda vuelta ya existe en muchos países del mundo. En América Latina, se presenta en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay; en Europa la hay en Francia, Italia, Polonia y otros países europeos la utilizan en elecciones presidenciales. En África en varios países como Costa de Marfil, Mali, República Democrática del Congo y Tanzania. Y en Asia, en Afganistán, Mongolia y Corea del Sur. En México, actualmente no aplica la segunda vuelta, aunque el tema está en debate dentro de las reformas electorales. La segunda vuelta es más común en sistemas multipartidistas, donde ningún candidato suele alcanzar más del 50% en la primera ronda.
Lo anterior solo son sueños que por ahora no se pueden realizar ante la hegemonía de Morena en la política, pero todo puede ser posible ante la necesidad de mejorar nuestra democracia, para lo que deberemos echar del poder a los narco-morenos, quienes buscarán a como dé lugar no perderlo.
