La migración ecuatoriana no es un fenómeno reciente, pero su actual intensidad ha encendido las alarmas de analistas y organismos internacionales.
«Tenemos flujos de migración de Ecuador a Estados Unidos de larga data, más de un siglo», explica en una charla para Sputnik.
Según Ramírez, no se trata de un fenómeno inédito, sino de una intensificación que ha dado paso a una segunda ola migratoria, iniciada a partir de 2020. Esta nueva fase se caracteriza por cifras que superan los registros de décadas anteriores, evidenciando un vaciamiento poblacional sin precedentes.
Para Marcos Ortiz, abogado en Derecho Constitucional y docente en la Universidad Indoamérica, estamos ante una ola migratoria intensa y detalla la magnitud de este desplazamiento masivo.
«Más de 90.000 ecuatorianos solo en el año 2024 abandonaron el Ecuador, y en el año 2023 la cifra fue parecida. Sufrimos una ola migratoria muy fuerte. La situación no es que ellos se regularizan; procesos ligados a estar bajo una condición irregular es lo que, tanto en Estados Unidos y en Europa, ha sido la dinámica general. Con la nueva política en la Casa Blanca, se ocasionó un antes y un después en las restricciones», puntualiza Ortiz.
Si bien bajo el ordenamiento jurídico de Washington la deportación es el procedimiento administrativo reglado para ciudadanos en situación irregular (amparado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad), Ramírez advierte que la agresividad de agencias como el ICE ha trascendido lo administrativo.
Según el experto, el uso de operativos en espacios sensibles como escuelas o iglesias busca implementar una estrategia de persuasión por disuasión, donde el endurecimiento de las capturas sirve como un mecanismo para desincentivar nuevos flujos migratorios mediante el temor a las consecuencias operativas.
«Vemos cómo empiezan a aparecer agentes para hacer lo que llamamos la ‘caza de migrantes’. Con un nivel de agresividad que llega a las casas, iglesias y escuelas sin respetar edad, sexo o género. Esta estrategia busca que quienes piensan en llegar no lo hagan por miedo, incrementando las deportaciones masivas como efecto disuasorio», explica el antropólogo.
El experto subraya que esta retórica se materializó desde el primer día con 18 medidas drásticas, incluyendo el cuestionamiento de la Enmienda 14 sobre la nacionalidad por nacimiento. Este entorno de persecución se complementa con un fortalecimiento operativo del ICE que ha convertido el tránsito irregular en una apuesta riesgosa para el migrante.
Según lo estipulado en el Título 8 del Código de Estados Unidos (Ley de Inmigración y Nacionalidad), la deportación constituye el procedimiento administrativo estándar para extranjeros en situación irregular.
No obstante, el debate planteado por los especialistas no cuestiona la soberanía de Washington para aplicar sus leyes migratorias, sino el quiebre de los protocolos de debido proceso y la desproporcionalidad en los métodos de captura.
A pesar de la gravedad del asunto, los expertos coinciden en que el fenómeno de migración irregular no ocupa un lugar central en la comunicación oficial entre Quito y Washington. La Administración de Daniel Noboa ha centrado su gestión externa en temas de seguridad y comercio, dejando la protección consular en un estado de asistencia residual.
Adicionalmente, Ortiz recuerda que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones legales bajo la Ley Orgánica de Movilidad Humana que no está logrando capitalizar frente a la presión de la Casa Blanca. El análisis del experto introduce un punto crítico: la erosión de la autoridad moral del Estado ecuatoriano en el escenario internacional.
Al contrastar la exigencia de respeto por las sedes diplomáticas en Minneapolis con la irrupción en la embajada de México en Quito, el jurista revela una contradicción que desarma la defensa de los migrantes.
Esta «incoherencia diplomática» no es solo un dilema ético, sino un obstáculo jurídico. Para exigir el cumplimiento de la Convención de Viena en el extranjero, un país debe presentarse como un guardián de dicha norma.
«Ecuador cae en la dinámica de pedir respeto para su consulado en Minneapolis, pero ocurrió lo de la embajada de México hace un tiempo. Todos estos elementos logran que los migrantes, los más débiles de la relación, se vean afectados», advierte el jurista.
Como señala Ortiz, el migrante es el eslabón más débil, mientras los Gobiernos se enredan en disputas de alto nivel, la representación legal gratuita que el país debería garantizar se vuelve «residual» y simbólica, dejando a miles sin una defensa real ante juicios de expulsión. El experto advierte que este vacío de protección no es solo falta de voluntad, sino un reflejo de la priorización de recursos de los gobiernos
Finalmente, el análisis de los expertos sugiere que la ausencia de protección consular no responde únicamente a una falta de voluntad política, sino a una priorización estratégica de recursos por parte del Gobierno. Mientras la agenda bilateral se concentra en la seguridad militar y el intercambio comercial, el drama humano se desplaza a la periferia de las decisiones estatales.
En este contexto, el ciudadano ecuatoriano enfrenta una encrucijada compleja: migra en busca de las oportunidades que su entorno local no le provee, asumiendo un riesgo que ha evolucionado. Sputnik
