Aunque el mandatario afirmó que la organización trabajará en conjunto con las Naciones Unidas, la realidad administrativa contradice su discurso: la ONU confirmó que el secretario general, António Guterres, no fue convocado a la firma ni forma parte de este esquema.
Este jueves 22 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos celebrado en Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la carta fundadora del «Consejo de Paz», un nuevo y controvertido organismo internacional, que pese a que la Casa Blanca presenta para supuestamente «promover la estabilidad y resolver conflictos globales», ya provoca fricciones entre aliados occidentales y organismos multilaterales.
La ambigüedad de este nuevo consejo se manifiesta en su alcance geográfico y operativo. Aunque inicialmente el organismo fue concebido para supervisar la reconstrucción de Gaza —donde la crisis humanitaria ocasionada por el genocidio israelí deja ya más de 71.000 fallecidos—, en el marco del plan de alto el fuego estadounidense respaldado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2025, el borrador de su carta constitutiva omite explícitamente la mención al enclave palestino.
La iniciativa amplió su alcance y ambición a la supuesta resolución de otros conflictos globales, llevando a Trump a sugerir que «podría reemplazar» a la ONU, algo que contradice la afirmación expresada por el mandatario previo a la firma del documento, de que dicha organización trabajaría en conjunto con Naciones Unidas.
En contraste con lo dicho por Trump, el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, señaló ante los medios que la institución no posee constancia de ninguna invitación o comunicación oficial convocando al secretario general, António Guterres, a formar parte del Consejo de Paz.
El organismo, caracterizado por líderes polémicos y facultades ilimitadas, recibió una recepción desigual. De aproximadamente 60 países invitados, el enviado especial Steve Witkoff confirmó que solo unos 25 aceptaron la propuesta. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Bahréin, Pakistán, Türkiye, Hungría, Marruecos, Kosovo, Argentina, Paraguay, Indonesia y Vietnam, así como Kazajistán y Uzbekistán de Asia Central.
Destaca la inclusión de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, a pesar de tensiones regionales y la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra.
Por el contrario, países clave como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Noruega han declinado o expresado serias reservas sobre la propuesta. Sus preocupaciones giran en torno a la compatibilidad del Consejo de Paz con la ONU, posibles obstáculos constitucionales y el riesgo de un mayor debilitamiento del sistema multilateral vigente.
Las críticas se concentran en la expansión del mandato del organismo, que permitiría a Trump presidir la Junta de forma indefinida, incluso más allá de un segundo mandato, según su estatuto. Sus facultades son amplias: solo él está autorizado a invitar a otros jefes de Estado y de Gobierno a unirse, pudiendo también revocar su participación, salvo por un «veto de una mayoría de dos tercios de los Estados miembros».
Por debajo, operaría una «Junta Ejecutiva fundadora» integrada por figuras cercanas al presidente, como su yerno Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio.
Otro de los aspectos más polémicos de la iniciativa es la exigencia de un pago de 1.000 millones de dólares para acceder a una membresía permanente dentro del organismo. Aunque Washington asegura que estos fondos se destinarán a la reconstrucción de Gaza, diversos analistas han señalado este mecanismo como vulnerable a la corrupción.
Funcionarios de la ONU han minimizado el impacto de esta nueva junta. Tom Fletcher, jefe humanitario del organismo, afirmó con contundencia que «Naciones Unidas no va a ninguna parte», subrayando la permanencia de la institución, creada hace 80 años, como el eje central del orden internacional. Esta declaración reafirma la posición de la ONU frente a las ambiciones de la iniciativa impulsada desde la Casa Blanca.
Por su parte, muchos analistas y diplomáticos europeos perciben en este diseño un intento deliberado por deslegitimar el papel fundamental de las Naciones Unidas. Consideran que el «Consejo de Paz» busca centralizar las decisiones globales en un grupo selecto de aliados de Washington, marginando el multilateralismo y la legitimidad internacional.
