Documentos obtenidos por medios internacionales revelan que Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, ha sido objeto de interés investigativo por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desde al menos 2018 debido a supuestos vínculos con actividades ilícitas.
Registros de inteligencia de la DEA muestran que la agencia ha recopilado información durante varios años sobre Rodríguez y sus posibles conexiones con redes de narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero. Parte de estas investigaciones incluye la sospecha de que algunos hoteles en la isla de Margarita habrían sido utilizados como supuestas fachadas para operaciones de blanqueo de recursos.
En 2022, Rodríguez fue catalogada por la DEA como un “objetivo prioritario”, una designación que la agencia reserva para personas que, según sus análisis, podrían tener un impacto significativo en el tráfico de drogas. Esta clasificación implicó la asignación de recursos adicionales para su seguimiento, aunque no significa que haya sido acusada formalmente de un delito.
Los documentos también apuntan a que el nombre de Rodríguez ha aparecido en múltiples investigaciones en diversas oficinas de la DEA, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, algunas de las cuales continúan abiertas. Parte de estas pesquisas también la vinculan con allegados del exgobierno venezolano que enfrentaron cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.
A pesar de estos antecedentes y del interés prolongado de las autoridades estadounidenses, hasta ahora no se han presentado cargos públicos contra Rodríguez por parte del gobierno de Estados Unidos. La situación pone de manifiesto el enfoque de las agencias federales en vigilar a altos funcionarios venezolanos, incluso en medio de tensiones diplomáticas y cambios políticos en el país sudamericano.
