*Las Elecciones de 2027 no Serán
Fáciles Para Morena
*El Riesgo de Perder la Mayoría,
Acelera la Reforma
*Peligra la Alianza con PVEM y PT;
2 Temas Innegociables
*Retos de Gobernadores, Debilitan
Propuesta Presidencial
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
Con el inicio del año, la maquinaria electoral controlada por el gobierno federal -y en 21 estados en donde gobierna- buscará estar perfectamente bien ajustada para aprobar la reforma electoral, el último clavo que falta al ataúd de la democracia mexicana.
La urgencia del gobierno está fundamentada en el riesgo que corre el oficialismo en 2027 de perder la mayoría calificada y enfrentar la probable construcción del muro de contención que podrían representar las todavía minimizadas minorías políticas.
El gobierno federal presenta la propuesta de reducir 50% los asientos plurinominales en la Cámara de Diputados en la elección de 2027 y hacer lo propio con los senadores en 2020 y la medida podría producir el cisma en la alianza que hasta ahora ha sido victoriosa.
El mayor dilema es el Partido Verde Ecologista de México -PVEM- al que en San Luis Potosí se favorece con la “Ley Esposa” con la cual tendría 90 por ciento de refrendar el triunfo en la entidad. Sin embargo, desde Palacio Nacional y haciendo coro la dirigente de Morena, se advierte, primero, el desacuerdo de la presidenta a quien Ricardo Gallardo, gobernador en funciones y con pleno control del Congreso estatal, reta y aprovecha que la reforma para impedir el nepotismo político en cargos de elección popular entrará en vigor en 2030 y, en segundo término, el anuncio de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por la reforma potosina que pretenden seguir los gobiernos de Guerrero, Nuevo León e Hidalgo, en principio.
Desde ahora, las discusiones no negociaciones del dirigente del Verde, Manuel Velasco, con Pablo Gómez, responsable de la comisión presidencial para la reforma electoral, se realizan en lo oscurito, bajo la mesa, con la clara intención de frenar la desaparición o reducción de los plurinominales o bien que la medida entre en vigor en 2030.
Esta, la propuesta de la presidenta Sheinbaum será la novena reforma electoral del país contando a partir de 1977, la de gran calado y que terminó con el clandestinaje de partidos de oposición y abrió el abanico que en 1982 presentó a 7 candidatos a la Presidencia de la República postulados por 8 partidos políticos.
Los nacimientos del IFE, del Trife, la Fepade, constituyeron avances democráticos, no concesiones del poder político, sino exigencias ciudadanas y de partidos opositores hoy en el trono de los Tres Poderes de la Desunión.
Aunque la reforma de 2014 podría estimarse el cierre de un círculo que borró legalmente cualquier intervención gubernamental en los procesos electoral y que fortaleció la democracia, para el gobierno de las “izquierdas” iniciado en 2018 y continuado en 2026, no es suficiente el avance y por tanto tiene su propio proyecto y cuya culminación es la concentración total del poder público.
Dos reformas electorales que, quizá por su lejanía no se abordan pero que representaron un gran paso para los ciudadanos mexicanos, fueron la que reconoció el derecho al voto de las mujeres promovido por Adolfo Ruiz Cortines en 1953 y la incorporación de los diputados de partido -hoy llamados plurinominales- propuesta de Adolfo López Mateos y en vigor desde 1960.
2027: INCERTIDUMBRE
PARA EL OFICIALISMO
La propuesta de reforma electoral no solamente tiende a crear mecanismos de control por parte del gobierno en todos y cada uno de los procesos electorales que se realicen a partir de 2027. También va acompañada de medidas populistas denominadas “programas sociales” y se abrieron ya las puertas a pensiones para mujeres de entre 60 y 65 años; becas para todos los estudiantes de preparatoria -escuela pública-, ampliación en la cobertura de adultos mayores con discapacidad, promesa para que todas las instituciones de Salud cuenten con los medicamentos necesarios para atender enfermedades crónicas, cáncer en menores y adultos, contratación de miles de profesionales de la salud, entre otros beneficios.
El haber creado en 2019 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro permitió que cientos de miles de aquellos que alcanzaron la mayoría de edad en 2021 emitieran por primera vez el voto electoral. Un programa pensado para la “renovación” de las generaciones y que las nuevas tuvieran el sello llamado “bienestar” cuyo compromiso está calculado se extendería hasta 2030, con el cual el partido gobernante tendría otros seis años de mandato.
Por supuesto, la pensión universal ha resultado la palanca de arranque en la elevación del número de sufragios. De acuerdo con datos oficiales, cerca de 13 millones de los 18 que integran el universo de adultos mayores -en ese momento de 65 y más- reciben la pensión universal y, conforme a estadísticas del INE, el porcentaje de votantes correspondió a la población que supera los 60 años.
Además, también datos oficiales, cuando menos 32 millones de personas -incluidas adolescentes- reciben algún programa social.
Si bien en muchos de los beneficios recibidos se ocupan en la compra de medicamentos por la escasez que se ha mantenido por siete años, los enfermos cuentan con el recurso para adquirir aquellos encuadrados en el segmento de genéricos.
Sin embargo, los programas sociales tienen el desgaste natural y sin los incrementos que registran los artículos y productos de primera necesidad -entre ellos medicamentos- se achican y los agradecimientos se reducen con una expresión bien conocida: ¡Ya no alcanza!
La prospectiva gubernamental es preocupante y teme que en 2027 reduzca su poder para tomar decisiones de reformas constitucionales y de ahí la urgencia por discutir la electoral a partir del primero de febrero, cuando inicia el segundo periodo ordinario del segundo año de la actual legislatura.
UNA ELECCIÓN
COMPLICADA
Para saldar los riesgos que representan las elecciones federales -renovación total de las Cámara de Diputados- y las concurrentes -gubernaturas, congresos locales, presidencias municipal y alcaldías de la CdMx y en su caso, la segunda parte de la Judicial y la revocación de mandato-, la reforma electoral cuyo texto será presentado a finales de este mes y entrará en revisión a partir del primer día de febrero, deberá ser aprobada a más tardar el último día de abril y enviada a los congresos locales para que cuando menos 17 entidades avalen la reforma antes de finalizar mayor.
El artículo 66 de la Constitución establece los tiempos de los periodos ordinarios y el primero puede alargarse hasta el 15 de diciembre, pero el segundo debe bajar el telón el 31 de abril. Y el 115 fracción II, en dos líneas coloca el dique que nadie, hasta ahora, puede evadir: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales
Concediendo sin aceptar que la reforma electoral sea aprobada en sus términos -de todas formas, será aprobada guste o no con o sin opiniones recogidas en los foros o no-, habrá que esperar las leyes secundarias que conformarán el marco jurídico para los procesos electorales de 2027 y 2030 más los que se acumulen.
Conforme a resultados de los foros organizados por la comisión presidencial en la materia y a cuyo frente fue designado Pablo Gómez Álvarez, se recibieron mil 311 propuestas en las que predominan temas como cambiar el mecanismo de representación proporcional (plurinominales) en el Congreso, y reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputado y el Senado de la República que llegan por ese medio. Sumaron aquellas que fueron para reducir los costos electorales, pero sin eliminar a los OPL’S, sino evitando la duplicidad de funciones entre el INE y los institutos electorales locales, así como con la reducción del número de consejeros electorales.
Para coronar que México es el país “más democrático del mundo después de la elección de ministros, magistrados y jueces”, en las propuestas presidenciales se considera la elección de los consejeros de lo que quedará del INE y el Consejo General será integrado por 7 y no 11 consejeros como opera actualmente.
También se contemplan recortes a los partidos políticos, la reducción del tiempo de campañas electorales y mayor regulación a la propaganda electoral.
Aunque el texto de la iniciativa se desconoce, su contenido ha sido ventilado por la presidenta de la República a través de sus conferencias matinales.
Centra su propuesta en la reducción en el costo de los procesos electorales mediante desaparición de los Órganos Públicos Electorales, recortar las prerrogativas a los partidos políticos, eliminación de los plurinominales -diputados- y de lista -senadores incluidos los de primera minoría- y no queda claro si se examinará la sepultura total de las dos figuras o solamente se recortará la mitad como se ha filtrado de manera “extraoficial”.
Hasta ahora se desconoce si en la iniciativa está la propuesta de la consulta popular para la revocación de mandato. Y aunque no se ha mencionado, la segunda parte de la renovación del Poder Judicial de la Federación está contemplada en la Constitución por lo cual tendrá que ser incluida en el proceso electoral de 2027.
El tema de los plurinominales, de lista y primera minoría son los que ponen en peligro la alianza entre Morena y PT y PVEM, los satélites que le permitieron al oficialismo obtener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y quedar a 3 escaños de alcanzarla en el Senado de la República, cuya carencia fue resuelta con la incorporación de dos senadores del PRD y el voto sublime de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se convirtió en el “judas del 11 de septiembre”.
Como diría el clásico: haiga sido como haiga sido, la reforma judicial avanzó y el resto de modificaciones han hecho lo propio gracias a los votos verdes y de la hoz y el martillo.
En la Cámara de Diputados, a alianza Sigamos Haciendo Historia, alcanzó 236 votos, insuficientes para la calificada: el PVEM 77 y el PT 51.
Ambos partidos minoritarios hicieron su trabajo y se convirtieron en las pinzas que cerraron los espacios a las oposiciones.
El otro tema que preocupa a los verdes y rojos con amarillo, es la reducción de las prerrogativas y según versiones no oficiales, sí oficiosas más no desmentidas, las propuestas presidenciales ponen en riesgo la alianza con Morena que, ahora pretende seguir creando historia.
EL ADEREZO
IGNORADO
Junto a todas las reformas que modificarán el marco jurídico electoral y que otorga al Ejecutivo el control de los otros dos poderes de la desunión, surge el aderezo que, hasta ahora, ninguna oposición -si es que aún existe- y organización ciudadana -cada día menos presentes- ha expresado su inconformidad por temor a ser consideradas “racistas, reaccionarias, ultraconservadoras”.
Se trata de los nuevos estímulos que brindarán los gobiernos federal y estatal -de Morena y aliados, por supuesto- que conducen a importantes reducciones en adeudos de predial, de agua, de multas de tránsito y hasta reducciones en los recargos del SAT.
Todo un entramado preelectoral que busca mover “conciencias” y despertar el total agradecimiento por los beneficios otorgados por el gobierno, que saluda con sombre ajeno y no informa que los programas sociales tienen dos vías de financiamiento: impuestos, es decir, aportaciones de empresas y ciudadanos y endeudamiento doméstico e internacional.
Es el aderezo que atrae a muchos y hace reflexionar a los menos.
Como fuere, la reforma electoral en 2026 será el último clavo en el ataúd de la democracia y será una mano femenina quien aseste el martillazo.
