«Esto sienta un precedente muy peligroso. No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte», expresó el canciller español, José Manuel Albares.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, criticó este lunes 5 de enero de 2026 la postura de la Unión Europea frente al secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, calificándola de insuficiente ante un “peligrosísimo precedente”.
El jefe de la diplomacia española reconoció que le habría gustado una respuesta más contundente por parte del bloque europeo contra el uso de la fuerza por parte de Washington, subrayando que la acción estadounidense es claramente contraria al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En entrevista con la cadena radial SER, Albares destacó que España lidera la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, y mencionó el comunicado conjunto que suscribieron este domingo su país, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Allí, los seis países iberoamericanos expresaron su «profunda preocupación y rechazo» ante operaciones militares unilaterales en territorio venezolano, defendiendo la soberanía, el derecho internacional y el diálogo como único camino.
Asimismo, ratificó que su Gobierno entablará diálogo con la presidenta encargada y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconociendo el orden constitucional interno que la sitúa al mando del país. El diplomático enfatizó que Madrid no teme represalias de la Casa Blanca, pues su política exterior rechaza que se imponga la «ley del más fuerte» sobre la estabilidad regional.
Finalmente, el ministro calificó de «ridícula y absurda» la postura del Partido Popular (PP) español, acusándolos de utilizar la tragedia venezolana con fines de desgaste político interno. Albares recordó que la vía de la fuerza solo conduce al caos y reafirmó el compromiso de su administración con una resolución pacífica, alejándose de la retórica belicista que Washington intenta normalizar.
Aseguró que España mantendrá su independencia soberana para exigir el respeto a la igualdad de los Estados y el cese de las agresiones unilaterales en el continente. Asimismo, también las principales centrales sindicales de España, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), condenaron enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que el uso unilateral de la fuerza representa una injerencia inaceptable y una vulneración flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, subrayó que América Latina y el Caribe «no son el patio trasero de EE.UU.», exigiendo el cese inmediato de los bombardeos y el fin de la política belicista de Donald Trump.
Por su parte, la eurodiputada Irene Montero comparó la agresión actual con la invasión de Irak, señalando que Washington bombardea y secuestra autoridades con el objetivo de adueñarse del petróleo venezolano. Montero criticó con dureza la postura de la Unión Europea y del Gobierno español por solicitar «prudencia» en lugar de actuar contra la ilegalidad internacional, calificando dicha actitud como una complicidad con los crímenes estadounidenses.
La representante de Podemos informó que solicitó de forma urgente a la Comisión Europea medidas para garantizar la liberación de todas las personas secuestradas ilegalmente durante la operación. En el ámbito político, mientras la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela en Madrid rechazó el ataque del imperialismo norteamericano, el presidente Pedro Sánchez instó a la desescalada del conflicto.
El mandatario español y el PSOE hicieron un llamado a la responsabilidad y al respeto al derecho internacional, asegurando que mantienen un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos. Sin embargo, las fuerzas sindicales y sectores de la izquierda española insisten en que la comunidad internacional no puede guardar silencio ante lo que consideran una lógica de «ley de la selva» que pone en peligro la seguridad global. Telesur
