Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El reclamo de Estados Unidos sobre el déficit que México tiene por la entrega de agua que corre por el Río Bravo, parece carecer de legalidad.
En una entrevista que hizo el periodista José Cárdenas al exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, surgieron argumentos que, en principio, parecen irrefutables.
En momentos en los que la tirantez en las relaciones México-Estados Unidos amenaza con medidas unilaterales de Washington, las opiniones expresadas por Martínez generan dudas a la posición de México y sería oportuno escucharla.
En lo particular, si yo fuera el gobernante de mi país, que no lo soy y desconozco lo que se trata en los protegidos sótanos de Palacio Nacional o de la Secretaría de Gobernación, invitaría al exmandatario estatal a un simple diálogo para conocer cómo encontró lo que le dijo al periodista y que podría ser la llave que abra la cerradura a una exigencia sellada con amenazas.
LA explicación se concentra en que 7 ríos o afluentes que desembocan en el Bravo se encuentran en territorio mexicano y de acuerdo al tratado de aguas de 1944 se debe entregar la cuarta parte del líquido al vecino fronterizo. El resto se queda con el propietario de los ríos correspondientes.
A México no le corresponde la entrega de algo que no tiene y menos si en el reclamo estadounidense se establece la sequía que padecen los agricultores de la zona fronteriza.
Una razón válida: de aquel lado del Bravo, en específico Texas, no se han construido presas para conservar el agua que corre por el Colorado en tanto que nuestro país ha hecho el esfuerzo por edificar nuevas, como es el caso de Nuevo León, denominada Presa León, cuya capacidad de almacenamiento alcanza 220 millones de metros cúbicos, con lo cual se garantiza el consumo de la entidad y si se da el caso de exceso de lluvias abrir las compuertas de los embalses para que estos no tuvieran problemas a la hora de recibir más agua y que otras entidades a la vera del afluente aprovechen los sobrantes.
Dijo el exmandatario Martínez que el acuerdo de aguas de 1944 es consecuencia de la guerra entre ambos países y por ello no es posible de reformar, pero que se debe leer el contenido de manera cuidadosa para entender el alcance del mismo.
Sin duda es un asunto complejo, pero como en todos los tratados, acuerdos, contratos, decretos existe la llamada “letra chiquita” y esa es la que deben leer en la Consejería Jurídica de la Presidencia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Conagua y todas y cada una de las instancias relacionadas con el tema sin excluir a los integrantes del Congreso de la Desunión.
Si los consejeros o abogados de la Casa Blanca encuentran resquicios en todos los layes para hacer de las suyas, lo mismo debe hacer el gobierno de México y más en tratándose de asuntos que afectan los derechos humanos de los nacionales y la producción agropecuaria.
Tomando en cuenta las afirmaciones, bien sustentadas, de Patricio Martínez, lo conducente es hacerles caso y si carecen de solidez, arrojarlas al Río Bravo o al Colorado.
¿Se pierde algo en analizar sus declaraciones?
¿Ignorar sus expresiones por haber llegado a ser gobernador de Chihuahua con el apoyo del PRI y los ciudadanos?
En lo personal, creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum salvaría un enorme escollo si tomara en cuenta las afirmaciones de Martínez y, si no le dan las herramientas para defenderse de las amenazas y se pliega al texto de 1944, arrojarlas al drenaje profundo, aunque esté saturado de heces humanas y animales.
E-mail: jesusmichelnarváez266@gmail.com, jesusmichelmp@hotmail.com, Facebook Jesús Michel y en Periodismo sin Regaños, martes y jueves de 16 a 17 horas Radio Cañón por el 750 de AM, la estación del Valle de México
