Por Mtro. Luis Armando Carranza Camarena
El anuncio reciente de un incremento del 12% al salario mínimo general para 2025, elevándolo a 278.80 pesos diarios en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) y a 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), representa un paso adicional en la estrategia gubernamental de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta medida, aprobada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y publicada en el Diario Oficial de la Federación, se compone de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 12.85 pesos para la ZSMG y 19.36 pesos para la ZLFN, más un ajuste por fijación del 6.5%. Además, los 61 salarios mínimos profesionales también registran un alza equivalente del 12%.
Desde una perspectiva económica, este ajuste continúa la tendencia observada desde 2019, con incrementos anuales que han superado consistentemente la inflación, permitiendo una recuperación real del 154.2% en el poder adquisitivo durante el actual sexenio. Sin embargo, en un panorama de bajo crecimiento económico proyectado para México –con estimaciones de la OCDE que sitúan el PIB en apenas 0.7% para 2025–, es imperativo examinar tanto los beneficios como los riesgos inherentes a esta política, particularmente en relación con la estructura salarial y el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempresas.
Beneficios: Fortalecimiento del Consumo y Reducción de la Desigualdad
Los incrementos al salario mínimo han demostrado ser una herramienta efectiva para impulsar la inclusión social y el dinamismo económico interno. En primer lugar, benefician directamente a más de 8.9 millones de trabajadores formales que perciben este nivel salarial, elevando sus ingresos mensuales a aproximadamente 8,364 pesos en la ZSMG. Este ajuste no solo contrarresta el incremento en el costo de la canasta básica, sino que permite a los hogares cubrir hasta dos canastas básicas, un umbral clave para mitigar la pobreza laboral.
Estudios de la Conasami y organismos internacionales destacan que estos aumentos han reducido la informalidad en sectores vulnerables y han estimulado el consumo privado, contribuyendo a una mayor rotación en el comercio minorista y servicios. En términos macroeconómicos, el mayor poder adquisitivo de los bajos ingresos genera un efecto multiplicador positivo en el PIB. Asimismo, se observa una mejora en la retención de talento y productividad.
Aspectos Adversos: La Compresión Salarial y sus Implicaciones Estructurales
A pesar de estos avances, los incrementos acelerados al salario mínimo plantean desafíos significativos, especialmente en un contexto de desaceleración económica. Uno de los riesgos más evidentes es la compresión de la estructura salarial, donde el piso mínimo se acerca peligrosamente a los niveles de remuneración para posiciones que demandan mayor especialización o certificaciones. Esta convergencia reduce los incentivos para la formación profesional y desdibuja la jerarquía de competencias.
En el marco del bajo crecimiento proyectado para 2025 —apenas 0.7% según la OCDE, afectado por la moderación del consumo privado, menor dinamismo exportador y la incertidumbre regulatoria en torno a la revisión del T-MEC en 2026—, estos ajustes salariales del 12% amplifican las vulnerabilidades fiscales y macroeconómicas.
El impacto más preocupante es el impulso automático al gasto público: el aumento arrastra nómina y prestaciones del sector público (≈118 mil millones de pesos adicionales), eleva el costo de programas sociales indexados a la Línea de Bienestar (otros 45-62 mil millones) y genera un sobrecosto total estimado en 0.5-0.6% del PIB. Con una recaudación que crece muy por debajo del gasto comprometido en un entorno de PIB casi estancado, el déficit primario se amplía y el gobierno cubre el faltante con mayor endeudamiento interno. Analistas del FMI, Banco de México y casas como HR Ratings coinciden en que, sin ajustes compensatorios, el ratio deuda pública/PIB —ya en 57.4%— podría superar fácilmente el 60% hacia 2027, erosionando margen fiscal y encareciendo el financiamiento futuro en un momento de alta sensibilidad a las tasas de interés globales.
Estrategias para PYMES y Microempresas: Sostenibilidad en Tiempos de Restricción
Las PYMES y microempresas, que generan el 72% del empleo formal en México y representan el 52% del PIB, enfrentan el mayor desafío ante estos incrementos. En un entorno de crecimiento anémico, absorber un 12% adicional en nómina exige medidas proactivas: optimización tecnológica, capacitación intensiva para elevar productividad, incentivos variables al desempeño, acceso a financiamiento blando (NAFIN y banca de desarrollo) y alianzas estratégicas que aprovechen el nearshoring. Solo mediante estas acciones podrán preservar competitividad sin trasladar costos al consumidor ni reducir plantilla.
Conclusión: Equilibrio entre Justicia Social y Estabilidad Económica
Los incrementos al salario mínimo para 2025 encapsulan el dilema de la política económica mexicana: avanzar hacia una mayor equidad sin socavar la sostenibilidad fiscal y empresarial. Mientras los beneficios en consumo y cohesión social son indudables, los riesgos de compresión salarial, sobrecarga empresarial y deterioro de las finanzas públicas demandan vigilancia rigurosa y reformas complementarias. Solo con una estrategia integral —que combine justicia salarial con incentivos a la productividad y disciplina fiscal— México podrá transitar de la recuperación del poder adquisitivo a un modelo de prosperidad inclusiva y duradera.
